Las familias vinculadas al futuro de La Naval tienen la vista puesta en la reunión que el lunes mantendrá el comité de empresa con los gobiernos de Madrid y de Lakua, después de que el empresario Van Oord anunciase que no culminará su draga en el astillero vizcaino. En el pleno de control al Gobierno, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Ejecutivo de Lakua, Arantxa Tapia, defendió ayer «un conglomerado público-privado» para sacar adelante La Naval y dio a conocer la citada reunión.

Lo hizo en respuesta al parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, que había emplazado al Gabinete Urkullu a convocar una mesa en la que participen los ejecutivos español y de la CAV, los accionistas y los trabajadores, para analizar la situación y garantizar la viabilidad del proyecto.

Casanova consideró que «es la hora del rescate público» y criticó que Lakua «no tiene plan B». En respuesta a las críticas al informe de los servicios jurídicos de su Departamento, Tapia defendió que el texto recoge «de manera clara» la normativa y planteó que el siguiente paso debe ser una solución público-privada, pero que «el rescate 100% público no es posible».

En el mismo pleno, el comité de empresa compareció ante los medios en los pasillos de la Cámara para clarificar que no conocía la participación del Gobierno de Gasteiz en la reunión del lunes. El secretario del comité, Juanjo Llordén, explicó que este pasado jueves recibieron la llamada de la delegación del Gobierno español en la CAV para proponerles la reunión con el secretario de Industria, Raúl Blanco, que participará acompañado del subdelegado del Gobierno, Vicente Reyes.

«Nos ha sorprendido que Arantxa Tapia diga que va a estar», señaló Reyes, que no considera que esa reunión sea la «mesa tripartita» que llevan tiempo reclamando. Estimó, asimismo, «bastante pobre» el informe de Lakua, ya que no incluye «nada técnico, económico ni jurídico».