Hay muertos que no tienen nombres. Otros que identifican una causa entera. El conflicto en Somalia produce muchos de ambos: tumbas anónimas en el valle del Shabelle, mártires para la yihad en las guerras subterráneas que son también la guerra en Somalia aunque tengan lugar en otra frontera. Abdifatah Odowa, Mohamud Abdi y Asha Abdi son de los segundos. Como Abdallah Waititu, al que todo el mundo en Eastleigh, la barriada que es Somalia en Kenia, conocía como Duktur (doctor).

Waititu desapareció en abril de 2016, cuando unos «hombres de traje negro» se lo llevaron al salir del hospital de Machakos donde trabajaba como farmacéutico. Su Mercedes Benz de segunda mano seguía en el aparcamiento un año después. Todavía hoy en la barriada nadie quiere hablar demasiado. Ni de él, ni de los otros nombres que están muertos aunque no tengan tumba. «Solo llevo aquí unos meses, yo no sé nada. Yo solo estoy aquí porque necesito medicinas», responde Halimma mientras espera en la cola de un dispensario instalado junto a la iglesia cristiana del barrio.

Halimma, más cansancio que años, solo quiere que la dejen tranquila. Los radicales Al-Shabab que mataron a su familia en Mogadisho el año pasado y también los policías kenianos que no las dejan vivir. Porque las mujeres de Eastleigh, del «Little Mogadisho» al este de Nairobi donde residen 200.000 personas de origen somalí, son las últimas víctimas de la «Usalama Watch», una operación lanzada en 2014 por las fuerzas de seguridad de Kenia con el despliegue de 6.000 policías para vigilar el barrio. Tienen orden de arrestar a todo extranjero sin papeles o sospechoso de tener vínculos con Al-Shabab.

«Muy poca gente en Eastleigh tiene algo que ver con los terroristas», asegura Neil Carrier, catedrático en Antropología Africana de la Universidad de Bristol y autor del libro “Diáspora, comercio y confianza: Eastleigh, el ‘Pequeño Mogadiscio’ de Nairobi”. Pero eso es lo de menos. El estigma del barrio, especialmente tras el estreno en 2015 de “Eye in the Sky”, un thriller bélico en el que los yihadistas somalíes se refugian en la barriada, ha calado en el imaginario colectivo. Eastleigh es el epicentro del comercio fronterizo –los negocios del barrio generan un volumen anual de 2,9 billones de chelines (alrededor de 24,5 millones de euros), casi un tercio de todo lo que se factura en Nairobi–, pero es sobre todo la imagen del extremismo yihadista en Kenia.

Aunque la sangría diaria de explosiones, secuestros y muertos tiene lugar al norte, en los territorios fronterizos de Mandera, Wajir y Garissa, la amenaza de los radicales se ilustra siempre con las imágenes del atentado de 2013 en el centro comercial Westgate, ubicado en uno de los barrios más pudientes de Nairobi, en el que 61 civiles perdieron la vida o, en todo caso, con el ataque a la universidad de Garissa de 2015 que dejó 148 fallecidos. No se habla de las víctimas del norte del norte y mucho menos de la campaña de contrainsurgencia.

Lejos de la atención de la opinión pública, cada ataque de los radicales obtiene una respuesta policial en Eastleigh. Nombres, como Abdifatah, Mohamud, Asha o Abdallah Waititu, que desaparecen. «Originaria del vecindario de Taqwa, en Garissa, Asha Abdi fue sacada de su vivienda en la calle 12 de Eastleigh por un equipo formado por agentes de la Policía y personal vestido de civil, presuntamente oficiales de Inteligencia, el 17 de julio de 2015 en un Toyota Probox Blanco. La desaparición fue denunciada en la comisaría de Pangani, pero su paradero continúa siendo desconocido», señala el informe de Human Right Watch que documentó en 2016 hasta 34 desapariciones forzosas directamente relacionadas con la campaña de las fuerzas de seguridad contra Al-Shabab.

Los líderes comunitarios del barrio reconocen, extraoficialmente, la presencia de yihadistas en Eastleigh, pero más que a su capacidad operativa aluden al peligro de una liturgia de captación que cala entra una juventud desencantada. Como ya relató a GARA Alhman Abdulla, imán de la mezquita de Mtopanga, otro suburbio maltratado por la estigmatización en Mombassa, la segunda ciudad del país, cada intervención de la Kenyan Defence Force (KDF) «con sus pistolas en alto y sus grandes despliegues policiales» genera más adeptos para Al-Shabab. Una ecuación, a más atentados, más represión; a más represión, más yihadistas, que se repite paso por paso en Eastleigh.

Entre 2013 y 2017, las autoridades kenianas perpetraron, según la Independent Medico Legal Unit (IMLU), 764 ejecuciones extrajudiciales. 152 el pasado año. La gran mayoría en Nairobi. La inmensa mayoría en Eastleigh y Mathare, otro de los barrios más conflictivos de la capital. Ejecuciones que son solo la punta del iceberg de una campaña de torturas, detenciones arbitrarias y hostigamiento que se reproduce a diario.

«Nos piden dinero para no denunciarnos, nos quitan lo que vamos a vender, los mandazi –un pan frito muy habitual en los desayunos–», denuncia Muse, quien tiene a su cargo los seis hijos de su hermana muerta. Aunque no lo verbalizan, las agresiones sexuales son también parte de esta estrategia contrainsurgente que apunta, en un escenario de total impunidad, a los eslabones más débiles de la comunidad: jóvenes y mujeres. «No ha habido una rendición de cuentas por los continuos abusos policiales en respuesta a Al-Shabab», sentencia el investigador de Human Rights Watch en Kenia Otsieno Namwaya.

La guerra de EEUU, también en África

Durante décadas, Estados Unidos ha apoyado y silenciado algunas de las peores violaciones de los derechos humanos en el continente africano, respaldado incluso a regímenes totalitarios o señores de la guerra. La llegada a la Presidencia de Donald Trump, abrupto defensor de la tortura como arma en la guerra contra el terror, no ha hecho más que impulsar el belicismo norteamericano en África. La vuelta de las tropas a Somalia, veintitrés años después de retirarlas tras el incidente del Black Hawk derribado, ha ido acompañada de reiteradas denuncias de ataques indiscriminados a civiles en el valle del Shabelle.

No es un caso aislado. En Nigeria, la Administración norteamericana destina 40 millones de dólares a la lucha contra Boko Haram a pesar de que el propio Departamento de Estado reconoció el pasado año que «los servicios de seguridad habían realizado ejecuciones extrajudiciales y estaban implicados en casos de tortura [y] violaciones». El Sahel, donde Estados Unidos aporta anualmente entre 90 y 160 millones de dólares a la Trans-Saharan Counter-terrorism Partnership, o Sudán del Sur son otros de estos escenarios de esta contrainsurgencia patrocinada que volvió a copar las portadas con la muerte de cuatro soldados norteamericanos en Níger hace algo más de un año.

Pero es Kenia, y nominalmente Eastleigh, el ejemplo más llamativo de esta otra guerra contra el terror. El país, señala la investigadora de la universidad de Pretoria, Emmaculate Asige, está en el «foco» internacional por «la inestabilidad» en Sudán del Sur o Somalia, pero no por su situación interna. Aun así, es uno de los principales destinatarios de los fondos estadounidenses contra el «terrorismo» en África subsahariana: 8 millones de euros anuales para política antiterrorista y más de 100 para entrenamiento y operaciones militares contra Al-Shabab.

Aunque constitucionalmente, en virtud de la Ley Leahy que prohíbe a los Estados Unidos ayudar a cualquier organismo militar o policial extranjero si existe información creíble de que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos con impunidad, los fondos norteamericanos no deberían seguir llegando a Kenia, lo cierto es que continúan haciéndolo. «Kenia es un importante aliado contra el terrorismo en la región», concluía el Departamento de Estado estadounidense en 2016 en un mismo informe en el que reconocía «las denuncias de violaciones de los derechos humanos, como presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, a cargo de la Policía y el Ejército keniano durante las operaciones de contraterrorismo».

Con el dinero y el respaldo norteamericano, el Gobierno de Uhuru Kenyatta lucha contra la amenaza yihadista, mas también contra la disidencia interna. Políticos, activistas o defensores de los derechos humanos como Willie Kimani son asesinados en nombre de la seguridad nacional, sin que sus reivindicaciones nada tengan que ver con la insurgencia radical. «La situación está yendo a peor. Hay una cultura de la impunidad imperante. No se rinden cuentas por los delitos cometidos», asegura el responsable del IMLU, Peter Kiama.

Tanto que las calles y las redes sociales se han llenado de proclamas para poner freno a los abusos. #StopExtrajudicialKillings. Para que mañana, en Eastleigh, ningún agente le pueda arrebatar a Musa su fuente de mandazis bajo el mandato de la guerra contra el terror.