Los 27 socios de Reino Unido en la Unión Europea (UE) expresaron ayer su apoyo al proyecto de acuerdo de divorcio negociado con Londres, que se enfrenta a una semana decisiva.

«Comienza una semana dolorosa en la política europea (...) 45 años de matrimonio difícil están llegando a su fin», aseguró el ministro austríaco Gernot Blümel, cuyo país ejerce la presidencia temporal de la UE.

«La primera difícil etapa se ha superado, hemos logrado preservar la unidad», se felicitó.

Aunque pendiente aún de detallar varios puntos –y de negociar la futura relación entre ambas partes–, los ministros de Asuntos Europeos de los 27 dieron ayer su visto bueno «globalmente» al texto, según el negociador de la UE Michel Barnier.

Pese a ello, la incertidumbre se mantiene. Por un lado, por las amenazas de una moción de censura contra la primera ministra británica, Theresa May, en Londres, donde los detractores del acuerdo presionan para que logre mejoras, una posibilidad que rechazan los Veintisiete.

Veto español

No obstante, algunas voces comunitarias sí que quieren cambios, lo que aumenta la incertidumbre. Así, el Estado español &bs;pidió modificar el artículo 184 del texto de divorcio para plasmar claramente su posibilidad de vetar la futura relación que regirá entre la UE y Gibraltar al término de un período de transición.

«Las negociaciones futuras sobre Gibraltar son negociaciones aparte. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Hasta que no quede claro (...) pues no podremos dar nuestro acuerdo», afirmó el ministro español de Exteriores, Josep Borrell. Madrid quiere que esta línea también quede clara en la declaración política sobre la futura relación, un texto de unas 20 páginas todavía en negociación y que debe fijar las grandes líneas para la futura cooperación entre Reino Unido y la UE en materia comercial, política y de seguridad.

La Comisión Europea dará a conocer hoy este texto al que los mandatarios europeos deben dar su visto bueno el próximo domingo en una cumbre extraordinaria en Bruselas, junto al acuerdo de retirada, tras resolver los flecos pendientes en este último.

Uno de estos flecos es la fecha en la que llegará a su fin, prórroga incluida, el llamado período de transición tras el Brexit. Ambas partes acordaron que la transición iría hasta el 31 de diciembre de 2020 y podría prolongarse una sola vez por un tiempo «limitado».

El domingo, los 27 socios de Reino Unido abogaron durante una reunión de embajadores por que la prórroga se extienda dos años más para finalizar un eventual acuerdo de libre comercio.

«Durante esta semana, haremos una propuesta definitiva sobre una fecha», una decisión «que se tomará de común acuerdo entre Reino Unido y los 27», indicó Barnier, para quien una prolongación –que «no puede ser indefinida» y supone «incertidumbre sobre lo que seguirá»– debe estar acompañada de «un acuerdo de los británicos sobre su contribución financiera» en ese período.

Otra de las cuestiones sensibles para la UE es mantener el acceso de su flota pesquera a las aguas territoriales de Reino Unido al final del período de transición. El Estado francés, el español o Portugal expresaron su preocupación porque este punto no se ha incluido en el acuerdo de divorcio.

El ministro británico para Escocia, David Mundell, avanzó que dimitirá si el Reino Unido continúa vinculado a la Política Pesquera Común más allá de 2020. «Tengo muy claro que no podemos extender el período (de transición) e incluir la PPC en esa extensión. No podría apoyarlo», dijo Mundell.

París también tiene sus reservas, pero ha decidido dejarlas de lado, consciente de que los británicos que presionan a May para renegociar el texto podrían aprovechar para presentar nuevas demandas si exigen modificaciones. «No deseamos reabrir el acuerdo pero estaremos vigilantes sobre su puesta en práctica», explicó la ministra francesa Nathalie Losieau. A su juicio, los Veintisiete «han ido hasta el límite de su margen de maniobra».

El acuerdo del Brexit debe superar además el voto de la Eurocámara y el Parlamento británico. Theresa May, que avanzó una «semana intensa de negociaciones», debe viajar en los próximos días a Bruselas, en una fecha por determinar.

Visto bueno de la patronal

Pese a lograr el sí de su Gobierno al acuerdo de divorcio, May se ha enfrentado a varias dimisiones de ministros y sigue soportando la presión del ala euroescéptica del Partido Conservador en Westminser, que la amenaza con una moción de censura. La primera ministra insistió ayer en que el texto está «completamente acordado, sujeto por supuesto a que se alcance un pacto total sobre la futura relación», rechazando la posibilidad de cambios.

La solución alcanzada en el acuerdo para evitar la reintroducción de una frontera para bienes entre el norte de Irlanda y la República irlandesa, y preservar a su vez el acuerdo de paz de Viernes Santo fue el detonante final contra la 'premier' británica y provocó la dimisión de cuatro de sus ministros.

El punto más controvertido es el llamado backstop, una solución de último recurso que prevé por una parte que Reino Unido se mantenga en una unión aduanera con la UE y por otra un mayor alineamiento reglamentario para el norte de Irlanda si no se llega a un acuerdo sobre la futura relación entre Bruselas y Londres.

El ex canciller británico Boris Johnson, uno de los líderes del frente euroescéptico conservador contra la primera ministra, afirmó que el acuerdo convertirá a Reino Unido en un «Estado vasallo» de la UE. También el Partido Laborista, los Liberales Demócratas y el Partido Unionista de Irlanda del Norte (DUP), clave para la mayoría que sostiene a May, rechazan el acuerdo.

En cambio, la primera ministra logró el apoyo del empresariado. May defendió el borrador consensuado en el congreso anual de la patronal Confederación de la Industria Británica (CBI), cuyo presidente, John Allan, le brindó su apoyo al considerar que es mejor el pacto «a que no haya ninguno».

Allan sostuvo que las empresas «serían las primeras en reconocer que este acuerdo no es perfecto pero abre la ruta a un pacto comercial a largo plazo y desbloquea el periodo de transición, lo mínimo que las empresas necesitan para prepararse para el Brexit». «Y lo más importante, evita la ruina que sería una salida sin acuerdo», afirmó el presidente de la CBI.

Los comunitarios «ya no se saltarán la fila» de inmigración

Theresa May aseguró que, con el cambio que traerá el acuerdo sobre el Brexit en el sistema migratorio en Reino Unido, «ya no sucederá que los nacionales de la UE, al margen de las cualificaciones o experiencia que tengan que ofrecer, puedan saltarse la fila y pasar por delante de ingenieros de Sydney o desarrolladores de software de Delhi». Ante la patronal británica (CBI), la primera ministra defendió que «en lugar de un sistema basado en la procedencia, habrá uno construido en torno a los talentos y cualificaciones que la persona ofrece». Además, auguró «mayores oportunidades de formación para los jóvenes de este país y más empleo cualificado».

Pero la directora general de la CBI, Carolyn Fairbairn, alertó de que «un nuevo sistema de inmigración supone un cambio sísmico, al que las empresas del país necesitan tiempo para adaptarse». Así, advirtió de que dar preferencia a los trabajadores cualificados perjudicará a sectores, como la hostelería, la agricultura o la construcción.GARA

Tímido refuerzo de la capacidad militar

Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea aprobaron ayer reforzar el embrión de cuartel general europeo para autorizarle a planificar y dirigir operaciones militares ejecutivas de hasta 2.500 efectivos. Este refuerzo de la denominada Capacidad Militar de Planificación y Conducción (CMPC) cambia la actual situación en la que solo tenía mandato para planificar y dirigir las misiones no ejecutivas, que no implican el uso de la fuerza. Por ahora, lleva a cabo tres misiones de instrucción militar en Malí, República Centroafricana y Somalia.

El embrión de cuartel general fue establecido en junio de 2017 en el Estado Mayor de la UE tras vencer las reticencias de Reino Unido, que durante años ha vetado la idea de un cuartel permanente europeo para no reducir el protagonismo de la OTAN.

Los gobiernos europeos han aprobado ahora que la CMPC pueda asumir como muy tarde a finales de 2020 la planificación y ejecución de las misiones no ejecutivas y una operación militar ejecutiva «limitada a la dimensión de un grupo de combate de la UE«, es decir, de hasta 2.500 efectivos y para ello sus efectivos deberán «aumentarse gradualmente, de manera suficiente y a su debido tiempo». El cuartel se reforzará con hasta 60 efectivos de forma permanente frente a los 24 actuales, aunque cuando el Consejo le encomiende «una operación ejecutiva notable» podrá reforzarse todavía más y no se excluye que en un futuro pueda asumir el peso de varias operaciones ejecutivas simultáneamente. Los gobiernos europeos revisarán de nuevo la CMPC a finales de 2020.

Los Veintiocho también dieron luz verde a sus «líneas rojas» y limitaciones a empresas extranjeras para empezar a negociar con la Eurocámara el Fondo Europeo de Defensa que se proponen dotar de 13.000 millones de euros a partir de 2021 para incentivar a los Gobiernos a cooperar en proyectos de investigación, desarrollo y adquisición de equipos militares.

El grueso del coste seguirá corriendo a cargo de los Estados miembro, pero sí habrá fondos europeos para investigación y el desarrollo de prototipos industriales GARA