Cerca de una de cada seis personas con trabajo (15%) vive actualmente bajo el umbral de la pobreza en el Estado español, según datos del Ministerio de Trabajo. Y, de acuerdo con las últimas cifras disponibles de Eurostat, en 2016 España estaba clasificado entre los peores alumnos de la UE en la materia (13,1% de trabajadores pobres), detrás de Grecia y Rumanía. Sin embargo, desde su salida de la crisis en 2014, ha registrado tres años con un crecimiento de al menos el 3% y espera terminar este año por encima del 2,6%.

Pero todo el mundo no se está aprovechando de esta situación. Elisabet, 44 años, no ha llevado a su hija de vacaciones «desde hace ya dos años». Empleada en la hostelería, uno de los motores de la creación de empleo, esta camarera madrileña con contrato temporal de 3 meses cobra 950 euros al mes.

Un salario que se esfuma rápidamente: 400 euros se destinan a alquilar la habitación que comparte con su hija de 8 años; 130 euros para el comedor; otros 100 euros para que una chica acompañe a su hija a una asociación gratuita donde hace los deberes... Y esto sin tener en cuenta los suministros, el transporte y la comida.

«No puedo ahorrar, es un poco complicado (pensar en ello)», comenta a AFP esta madre separada que prefiere no dar su apellido.

Salarios «insensibles» a la reacción

Tras una crisis que dio lugar a la «congelación de los salarios», estos no «han sido sensibles» a la reactivación, explica Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Y esto, con una tasa de desempleo (14,55%) que sigue siendo la segunda más alta de la eurozona, tan solo detrás de Grecia, y que tira hacia bajo de la remuneración salarial.

Desde hace dos años, la progresión del salario real, excluyendo la inflación, también es negativa, como subraya la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en un informe que hizo público en julio. Una evolución que queda muy lejos del alza salarial registrada antes de la crisis, en particular en el sector de la construcción, apunta Felgueroso.

Además, la recuperación, que ha ayudado a reactivar el empleo, continúa siendo inestable. El número de contratos temporales (España tiene el récord dentro de la Unión Europea, con un 26,9% de los empleos en el segundo trimestre de este año, según Eurostat) ha aumentado de nuevo mientras que su duración se ha ido reduciendo considerablemente en estos últimos años, hasta ser de «una semana, a veces un mes», indica el citado investigador.

Las empresas también han continuado haciendo contratos a media jornada. Los empleados a tiempo parcial «de forma no voluntaria» representaron el 8% de la población activa en 2016, frente al 6% en la eurozona, cifras estas del Banco de España.

Plan gubernamental

Desde el final de la crisis, Elisabet, con quince años de experiencia, solo ha tenido un contrato de duración indefinida: un respiro de un año... antes de ser despedida. Así que con su contrato de tres meses, y a menudo teniendo que trabajar “en negro” para llegar a fin de mes, se siente afortunada.

«La precariedad del mercado de trabajo se ha generalizado» y afecta especialmente a las mujeres, incide Felgueroso.

Por primera vez en los últimos seis años, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN por sus siglas en inglés) contabilizó en 2017 más mujeres pobres que hombres en el Estado español.

Los hogares monoparentales, el 80% de ellos a cargo de una mujer, se encuentran en una situación más frágil; «un niño de cada tres menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión social», señala la EAPN en el informe publicado en octubre.

Al llegar al poder en junio, Pedro Sánchez (PSOE) lanzó inmediatamente «el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020». En el marco de esta iniciativa, el Ministerio de Trabajo envió en agosto una misiva a cerca de 80.000 empresas sospechosas de recurrir de forma abusiva a los contratos temporales, lo que ha dado paso a la conversión de 47.000 contratos en indefinidos en setiembre. También pretende aumentar el número de inspectores para luchar contra ese abuso.

Pero después de una reforma laboral como la de 1984 que, según relata Felgueroso, impulsó «el empleo temporal a voluntad», «ninguna otra ha logrado reducirlo». «Es muy difícil de corregir; ahora es parte de los usos y costumbres (en España)».

Medida estrella del proyecto de presupuestos del Gobierno de Sánchez, en minoría en el Parlamento, el salario mínimo debería pasar en un año de 858 euros a 1.050 euros brutos. Con ello reduciría un poco la diferencia con el Reino Unido (1.401 euros brutos en enero pasado, según Eurostat) o con Francia y Alemania (1.498 euros).