El Gobierno español solo permite al Ejecutivo de Nafarroa gastar 35,5 millones de los 113 que inicialmente había previsto. No se trata de dinero del Estado, sino de recursos provenientes de los impuestos pagados por la ciudadanía de Nafarroa. Nada importa. El Ejecutivo del PSOE continúa haciendo la misma lectura restrictiva que su predecesor del PP de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una ley aprobada en plena crisis económica por el PP con el fin de vigilar las cuentas públicas, pero que se ha revelado como un poderoso instrumento de control político de las administraciones autonómicas y sobre todo de las locales. De hecho, estas últimas son las únicas que desde entonces han reducido su deuda, lo que permite al Gobierno del Estado más margen de gasto. Contra toda lógica, Madrid está cargando la reducción de deuda que exige Bruselas a las administraciones locales.

La norma se ha revelado asimismo como un importante instrumento para desmantelar el Estado de Bienestar. Como señaló ayer el sindicato LAB, las ofertas de empleo público no se corresponden con las necesidades de los servicios que las administraciones prestan, sino que están acotadas por un indicador que no se puede superar. Se llama tasa de reposición y no es otra cosa que el número de empleados que han causado baja en la administración. De esta manera la cantidad de trabajadores públicos se puede –como mucho– mantener, pero en ningún caso aumentar. A largo plazo este límite acarreará una pérdida de calidad en los servicios públicos que abrirá una gran puerta a la subcontratación y privatización de los mismos.

Estas decisiones del Gobierno del Estado dan medida de la capacidad real que ofrecen los tantas veces aclamados Convenio y Concierto Económico. Pero lo peor de la falta de soberanía no es que se subraye constantemente la dependencia y la subordinación, sino que están corroyendo las escasas bases de nuestro frágil Estado de Bienestar.