Cuando se cumplen 50 años del largo y duro estado de excepción que afectó a Gipuzkoa, un libro elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la UPV viene a iluminar aquellos trágicos sucesos y a recordar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entonces. Un libro necesario para superar el olvido oficial al que se condena a las víctimas de la represión del Estado durante el franquismo y que ha sido posible solo al cumplirse medio sigo de los hechos.

Los investigadores todavía trabajan a ciegas, sin documentación oficial. A pesar del tiempo transcurrido –y de la Ley de Amnistía del año 1978– el acceso a la documentación clasificada que obra en poder del Estado sobre estos y otros graves acontecimientos represivos continúa vedada. La razón es que aún en 2018 está vigente la ley franquista de Secretos Oficiales del año 1968 que no permite la desclasificación automática de la información, dando pie a que sea la arbitrariedad gubernamental la que decida qué se desclasifica, qué no y cuándo. Y la proverbial falta de medios para revisar tanta documentación mantiene los archivos oficial cerrados. Este anacronismo parecía que iba a cambiar cuando en noviembre de 2016 el Congreso español aceptó una proposición de ley del PNV para modificar la preconstitucional ley y automatizar la desclasificación, pero tras dos años de maniobras dilatorias, prácticamente no se ha avanzado nada en su tramitación.

La apertura de los archivos oficiales daría la posibilidad de completar los listados de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Pero además podría ofrecer nuevas pistas que ayuden a esclarecer, por ejemplo, episodios de guerra sucia o desapariciones en las que estuvieron implicados los aparatos del Estado, tal y como han reconocido algunos de los implicados. Los mismos que enfatizan la necesidad de esclarecer algunas muertes para reforzar su relato unilateral cierran el camino a que se esclarezcan otras que evidencian la parcialidad del relato oficial.