R.S.
DONOSTIA

Solo un 5% de EPPK está en segundo grado, «régimen ordinario» español

La excepcionalidad en la clasificación de grados aplicada a presos y presas vascos se refleja con nuevos datos en el último «Kalerainfo». Pese al realce mediático dado a estos casos, solo el 5% de EPPK ha sido pasado a segundo grado. El llamado «régimen ordinario» es el más habitual para el resto de prisioneros en el Estado español: el 81,4% está ahí.

La amplia difusión mediática dada a algunos pocos casos recientes de progresiones de primer a segundo grado no oculta la fotografía real de fondo. El último número de la publicación ‘‘Kalerainfo’’ de Presoen Aldeko Batzordea de Sortu aporta datos significativos al respecto. Mientras del total de presos y presas existente en el Estado español el 97,9% está en segundo grado (81,4%) o tercero (16,5%), por lo que respecta a EPPK el 95% sigue clasificado en primer grado y solo el 5% ha sido progresado a segundo.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha emitido entre julio y diciembre un total de 53 autos sobre la cuestión del grado y únicamente tres de ellos han sido favorables a los presos vascos. En paralelo hay dos reclasificaciones más propuestas por las Juntas de Tratamiento de las respectivas cárceles y ratificadas por la prisión. «En suma –indica ‘‘Kalerainfo’’–, el segundo grado se vende caro y sigue estando vetado para la mayoría de los presos políticos vascos».

Ello contrasta tanto con el tratamiento dado al resto de personas presas como con la propia definición de los grados en la legislación penitenciaria española. Este segundo grado aparece descrito en ella como «régimen ordinario» y debe aplicarse a los «penados sin clasificar y a los detenidos y presos preventivos, siempre y cuando no presenten anomalías en sus comportamientos». Se plantea por tanto como el modo habitual o estándar de clasificación, frente al primer grado o «régimen cerrado», que teóricamente debe aplicarse únicamente a quien muestre «peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación».

Este segundo grado se estipula como el correspondiente para quienes tengan «circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en régimen de semilibertad», es decir, en tercer grado o «régimen abierto». Deben ser ubicados en módulos normales de la cárcel, «sin mayores restricciones ni medidas de seguridad que las estándar».

Muy pocos permisos

La clasificación en segundo grado abre la puerta de la cárcel en forma de permisos, pero también aquí hay una restricción añadida para los vascos, puesto que únicamente tres de ellos los han conseguido (y ninguno estaba encarcelado por relación directa con ETA –bien en forma de pertenencia o de colaboración–, sino por kale borroka, pertenencia a organizaciones políticas de la izquierda abertzale o «enaltecimiento»).

En otros doce casos, los permisos han sido denegados por las Juntas de Tratamiento de las cárceles «con el visto bueno u orientación de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias». Y este rechazo ha contado con el aval posterior del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, escudándose en factores como «el alto riesgo de reincidencia» incluso en casos como el de Sebas Etxaniz, que es hoy día el preso más veterano del Colectivo con 75 años ya cumplidos.

‘‘Kalerainfo’’ explica que «sin haber disfrutado de permisos no hay posibilidad de que alguien sea calificado en tercer grado o régimen abierto. Así las cosas, se entiende perfectamente el alcance político de los criterios seguidos por la política de reclasificaciones. Sin pasar a segundo grado no es posible disfrutar de permisos, y sin permisos no se puede alcanzar el tercer grado, y sin el tercer grado no se puede aspirar a la libertad condicional». La generalización del primer grado conlleva dejar al preso o presa vasca al margen de este recorrido habitual, pero incluso en los casos en que puede iniciarlo se van acumulando los obstáculos.

Llama la atención un último detalle. Más de 170 de los presos vascos encarcelados en el Estado español están encerrados en módulos ordinarios o de segundo grado pese a que muy mayoritariamente estén clasificados en primer grado. «Y aquí surge la pregunta –añade–. Si no existe inadaptación manifiesta al régimen ordinario, pues de hecho estos presos políticos vascos conviven con los internos que se encuentran en segundo grado, participan de las mismas actividades dentro del mismo módulo, comen en el mismo comedor, usan las mismas instalaciones... ¿por qué no se les clasifica en el grado del módulo donde se les ubica?».