Lakua acordó a primera hora de ayer la retirada de las cuentas autonómicas y puso en marcha una amplia campaña mediática para intentar culpar a EH Bildu de la prórroga presupuestaria. Antes de las 12.00 ya habían hablado tres consejeros y el lehendakari, Iñigo Urkullu, que en un acto en Donostia acusó a la izquierda soberanista de no haber querido negociar «sino solo aparentar».

«Han jugado con las expectativas de personas pensionistas de buena fe a sabiendas de que, en ningún momento, se ha negociado esa materia porque no es nuestra competencia», llegó a señar Urkullu, obviando que la propuesta remitida este miércoles por el Gobierno a EH Bildu y hecha pública incluía una mención expresa a las «personas beneficiarias de pensiones».

Precisamente la complementación de las pensiones más bajas ha sido uno de los puntos que han hecho inviable el acuerdo presupuestario. EH Bildu reclamaba una pensión mínima de 858 euros a partir del curso que viene, mientras que Ejecutivo autonómico ofrecía una subida paulatina, hasta alcanzar los 856 euros con un IPC del 2% en el año 2021.

Aumentar las pensiones mínimas vía RGI, algo que hubiera supuesto un coste de 20 millones de euros –el proyecto presupuestario ascendía a 11.784,1 millones–, era «imposible» para el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que en una entrevista a Radio Euskadi alegó que EH Bildu, «pidiéndolo todo, pidiendo ‘ciento volando’, no ha sido capaz de tener ‘pájaro en mano’».

«Esa es la realidad. Habría pensionistas que hubieran podido mejorar a partir de enero 50 euros la pensión y al año siguiente 100, y luego situarse en los 858 euros. Y ahora cero. Esa es la gran operación que ha hecho Bildu al cargarse este presupuesto», destacó el líder jeltzale, que, a renglón seguido, advirtió de que intentarán cerrar acuerdos en el Parlamento de Gasteiz para «remediar los efectos negativos del no acuerdo actual».

Azpiazu pide calma

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y el viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, fueron los encargados de explicar ante los medios de comunicación las herramientas de las que dispone el Ejecutivo de la CAV para «minorar» los efectos de la prórroga presupuestaria.

«Lo primero que quiero trasladar es calma. El Gobierno Vasco cuenta con los mecanismos necesarios, jurídicos y presupuestarios para seguir garantizando el bienestar a la ciudadanía, impulsando el desarrollo económico de Euskadi», indicó Azpiazu, que incidió en que la prórroga «tiene posibilidades de corrección importantes».

En este sentido, Alberdi explicó que su misión será «facilitar a los departamentos que lleven adelante los proyectos que tenían sobre la mesa». «Y para ello trataremos de hacer todas las habilitaciones pertinentes», aseveró antes de apuntar que estas «habilitaciones» deben pasar por el Parlamento, donde el PNV y el PSE no suman mayoría.

Cabe señalar que Lakua dispone de 300 millones de euros extra, con los que se podría financiar la subida salarial de los empleados públicos y el aumento de la RGI destinada a complementar las pensiones más bajas. El propio consejero declaró este martes que el Gobierno «hará todo lo posible para llevar adelante las mejoras de la RGI y empleo que ha ido concediendo en la negociación».

Sin embargo, en la rueda de prensa de ayer no ratificó estas palabras. «Es una cuestión que corresponde al Gobierno», respondió el consejero, que tampoco dejó pasar la posibilidad de cargar contra EH Bildu. «Ha habido una falta de respeto para con la actitud del Gobierno Vasco, y no ha habido preocupación por el conjunto del proyecto de ley de presupuestos», subrayó.

Respuesta de EH Bildu

Estas palabras fueron replicadas por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien afirmó que el PNV «ha sentido vértigo» en la negociación presupuestaria y, «al final, ha dicho amén a la patronal, ultimátum y portazo». A su juicio, «estamos ante un gobierno débil» que «ha dicho a la gente que no hay dinero, pero no es verdad».

Censuró que no se admita la inclusión de clausulas sociales para establecer un sueldo mínimo de 1.200 euros en contrataciones con dinero público, y advirtió de que los jeltzales deben explicar «por qué no se pueden destinar 20 millones de euros a las personas más bajas». «Hay dinero para todo, menos para ellos», criticó en una rueda de prensa ofrecida junto a Nerea Kortajarena y Maddalen Iriarte.

Esta reconoció que se siente defraudada con la actitud de Lakua. «Me cuenta entender que el gobierno de mi país haya dado la espalda a miles de pensionistas, las haya condenado a seguir viviendo en la pobreza, cuando tiene dinero», dijo, y reiteró la apuesta de EH Bildu por «la vía de los acuerdos de país, siguiendo el camino iniciado en la ponencia de autogobierno».

EH Bildu llevará al Parlamento iniciativas vinculadas con las tres propuestas planteadas en la negociación –complemento de las pensiones, individualización de la prestación y sueldo mínimo de 1.200 euros para los contratos subvencionados con dinero público– para «tener la foto de cada fuerza política».

 

Reclaman unas cuentas sociales, soberanas y participativas

El proyecto presupuestario diseñado por el Ejecutivo autonómico, ya retirado, no contaba con el aval de las organizaciones sociales y sindicales que forman parte de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, que ayer presentaron en el Parlamento de Gasteiz los ejes que, a su juicio, deben guiar las cuentas de la CAV.

Proponen un «cambio estructural de las políticas públicas» que dé pie al reparto de la riqueza y la creación de empleo, y que tenga como base «la sostenibilidad de la vida y la defensa de la libertad». Asimismo, exigen una reforma fiscal «profunda», que sirva para que paguen más quienes más ganan. Y consideran «imprescindible» la inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto.

Además, apuestan por equiparar a la media europea la inversión en Sanidad y Educación, y por implantar el control público sobre la producción y comercialización energética. También proponen interrumpir el TAV, la incineradora y los proyectos de extracción de gas, y reivindican un sistema de protección social «público, integral, digno y de calidad, que sitúe la sostenibilidad de la vida como eje del modelo de sociedad que deseamos».

En este sentido, abogan por «garantizar a todas las ciudadanas y los ciudadanos los derechos sociales básicos», y por realizar una auditoría de la deuda «hasta el último extremo». Por último, reclaman unos presupuestos participativos, y que se respete «el derecho de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a tomar decisiones económicas y sobre el modelo social de un modo soberano».I.S.