«Ven, pasa por aquí», indica Mikel Gurbindo tras superar el control de carnés de la entrada. Sin entrar en comparaciones, siempre odiosas, «este tema, el de los menores, es muy, muy importante, aunque no se vea», va comentando por el pasillo. GARA ha concertado la entrevista por la decisión tomada en Nafarroa de dejar fuera de la licitación de centros de atención a menores a toda entidad con ánimo de lucro. Pero Gurbindo prefiere empezar a explicarlo por el principio y a justificar así por qué remarca esa gravedad.

¿Cuántos menores están hoy en situación de desamparo o desprotección en Nafarroa?

Hay 130.000 menores en Nafarroa y todos son objeto de protección del Gobierno. Debemos garantizar que todos tienen cubiertas las necesidades básicas. Del total, 100.000 tienen menos de 15 años y este dato es importante porque la media de edad de los menores atendidos por el sistema de protección está en los 15 años y medio. Nosotros actuamos cuando hay algún factor de desprotección y, en concreto, hemos abierto expedientes a 5.400 familias, con 6.400 menores. Un 5% de todos los que hay en Navarra.

Entiendo que los expedientes no son todos igual de graves...

Distinguimos dos niveles: riesgo y desamparo. El riesgo es leve, moderado o severo, aunque ahora hemos añadido también la «vulnerabilidad». En estas situaciones de riesgo se interviene, pero sin sacar al menor de su familia. Realizamos programas educativos de carácter familiar, más o menos intensos. Hablamos de situaciones donde los progenitores no tienen una actitud desprotectora consciente, pero que por el contexto pudieran derivar, si no intervenimos, en una desprotección.

¿Cómo de importante resulta actuar antes de que se produzca el daño?

Ahora intentamos centrarnos en la detección precoz, antes de los 7 años. Y lo mejor sería detectar esto desde la etapa prenatal, hasta los 3 años. Cuando hablamos de desprotección, nos referimos a cuando el menor ya ha sufrido un daño.

¿Y si todo esto no resulta suficiente?

Se hace imprescindible sacar al menor de la familia. A esto nos referimos con el término «desamparo». Una negligencia severa, el abuso sexual intrafamiliar o agresiones continuadas pueden obligar a separar la familia. También la inducción a la mendicidad o la prostitución son motivo de desamparo. Como se ve, son situaciones muy graves y, antes de sacar al menor de la familia, se cumplen siempre unas garantías. Hay que fundamentar mucho.

¿Cómo es este mecanismo?

La tutela del menor pasa a manos de la Administración. Pasamos a ser sus tutores de forma temporal o definitiva. Eso depende, sobre todo, de la conciencia del problema que tiene la familia y su motivación para el cambio. Si una familia niega la evidencia y no quiere cambiar, culpa al menor de todo... es difícil que se le devuelva la custodia. Esto obliga a poner en marcha recursos contra esa desprotección. Puede ser acogimiento familiar, porque una familia se presta, o, si no, acogimiento residencial. Si el menor tiene menos de 7 años, hay que ir a un acogimiento dentro de otra familia y darle esa segunda oportunidad. Mientras, se intenta trabajar con la familia biológica para que pueda volver. A la hora de buscar un nuevo hogar, se mira en la familia extensa: abuelos, parientes, etcétera. Pero si falla, se busca una familia ajena.

¿Resulta fácil encontrar familias para esta tarea?

Desde luego, es mucho más sencillo encontrar una familia para un niño de 2 ó 5 años que para un niño de 12 o de 14. Entre otras cosas, porque ese niño de 12 años tiene más presente su trayectoria vital y, probablemente, haya generado en ese proceso de desprotección un alto malestar interno que se traduce en una conducta desadaptada y difícilmente manejable.

¿Y si la Administración no encuentra una familia así?

Vamos al acogimiento residencial. Los menores entre 7 y 12 van a un «hogar funcional», una vivienda inmersa en una comunidad de vecinos donde existe una estructura educativa lo más parecida a una familia. Viven en grupos de cinco o seis menores con un equipo de educadores, que intentan reconducir su vida para que sufran el menor daño posible. Algunos vivirán así hasta la mayoría de edad. En otros casos, suelen volver con su familia al año o al año y medio. Además de esto, contamos con residencias, pensadas para menores de entre 12 y 18 años con un patrón de conducta ya muy desadaptado. Estos menores pueden generar mayor conflicto en la convivencia con terceras personas y estas residencias están en lugares donde hay menos vecinos.

¿De qué cifras estamos hablando en cada caso?

De ese 5% de menores con expediente abierto, 5.200 están en riesgo de desprotección, es decir, con intervenciones con la familia. De los 1.200 restantes, 300 de ellos están en cesión de la guarda voluntaria por parte de los propios padres. Son menores de gran conflictividad, con fugas de domicilio, absentismo, consumos, maltrato filioparental (hacia los padres)... Ahí los padres no son el problema, quizá lo fueron, pero ya no. Se trata un programa que dura dos años. Otros 600 están en desamparo, como tal. Y los últimos 300 son aquellos que están cumpliendo medidas judiciales, en el sistema de reforma.

¿Qué ocurre cuando cumplen los 18 años?

Son libres para decidir. Unos pueden quedarse con la segunda familia. Otros, volver con su familia biológica. O emanciparse. Eso sí, el 99% de los que han vivido en acogida deciden seguir manteniendo la relación y conviviendo. También es común que estos menores ya adultos no quieran la adopción, porque suelen querer mantener sus apellidos y su identidad. Aunque vivan con esa segunda familia y esos «segundos padres» y «segundos hermanos».

¿Hasta qué punto, cuando la Administración saca a un menor de su domicilio, puede encomendar luego su cuidado a un tercero, a una empresa privada?

Cuando se implementa un acogimiento, en familia o residencia, la entidad pública sigue teniendo la tutela hasta la mayoría de edad. Solo delegamos la guarda y nada más que la guarda. Por decirlo de alguna manera, los «padres» seguimos siendo nosotros.

Y ahí es donde ahora se ha dado el gran cambio...

Las residencias salen a licitación, lo que hemos hecho es exigir que no haya ánimo de lucro. No es que no pueda haber beneficios, pero si los hay, se tienen que revertir en el programa. No en la institución en cuestión: en el programa, en sueldos de educadores, equipamientos... No basta con ser entidad sin lucro. De hecho, no hay puja. Queremos evitar mercantilizar esto y queremos potenciar a las entidades del tercer sector que siempre han luchado por los derechos de la infancia.

¿Existía ese riesgo de mercantilización?

Siempre hay entidades a nivel estatal con gran capacidad económica, y con una licitación centrada en el precio tenían muchas posibilidades de entrar y hacerse con estos servicios. En Navarra todavía no habían entrado significativamente, pero...

Pero iban a entrar o lo están haciendo otras comunidades similares.

Aunque existen límites a las bajadas, estaba sucediendo esto. Aquí vamos a evaluar solo la calidad técnica de la atención.