Kaleratzeak Stop Araba denunció ayer la «falta de soluciones» por parte de las instituciones al inminente desahucio de Bouchra y de su hijo. «Reúne todo los requisitos legales de vulnerabilidad para poder acceder a una vivienda protegida, pero aún no tiene una alternativa habitacional digna», denunciaron Karmele Tellitu y Txomin Lorenzo, integrantes de la plataforma.

Según informó Efe, estos denunciaron la tardanza del Gobierno de Gasteiz a la hora de estudiar su caso y la «falta de respuesta» de Etxebide al escrito remitido para pedir amparo para Bouchra y para su hijo de siete años, que podrían quedarse en la calle el próximo martes.

Indicaron que la mujer, víctima de la violencia machista, no tiene ningún impago de alquiler de su piso, situado en la calle Pintorería de Gasteiz, pero la propietaria de la vivienda le comunicó a mediados de 2018 que no le prorrogaba el contrato, vigente desde 2012 y por el que paga 450 euros mensuales.

«En todo este tiempo el Ayuntamiento solo le ha dicho que busque una nueva vivienda de alquiler, o una habitación, no le ha ofrecido ninguna alternativa», lamentó Tellitu, quien advirtió de que Bouchra recibe 750 euros de la RGI.

«Es imposible»

Bouchra también compareció ayer ante los medios de comunicación, a los que explicó que lleva meses buscando otro lugar donde vivir junto a su hijo, pero, de momento, no ha encontrado nada. «Me piden una nómina y una aval de 3.000 euros. Es imposible», remarcó, y denunció la respuesta dada por los servicios sociales del Consistorio de la capital alavesa.

«Desde los servicios sociales me dijeron que si me desahuciaban acudiera con la maleta al servicio de urgencia del Ayuntamiento en la calle San Antonio», señaló Bouchra, que relató los malos tratos a los que le sometió su exmarido, que en 2013 fue condenado por la Audiencia Provincial de Araba a una pena de prisión. La Justicia también le impuso el pago de una pensión mensual de 200 euros, una obligación que ha incumplido.

En este sentido, Kaleratzeak Stop Araba recordó que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en enero de 2016 apunta que «ser víctima de violencia de género no es una situación, sino una cualidad o estado que se anuda a la esencia de la persona, y acompaña a quien la sufrió».

Para evitar que Bouchra se quede en la calle con su hijo, y para evitar que se produzcan casos similares en un futuro, los integrantes de la plataforma reclamaron un protocolo que garantice una alternativa habitacional antes de que se produzca el desahucio y no tras el desalojo de las familias.

Lorenzo lamentó que el Ayuntamiento de Gasteiz «no tiene ningún piso para estos casos», por lo que suele derivar a las víctimas de desahucios y ejecuciones hipotecarias al Centro Municipal de Acogida Social (CMAS).