Estamos obligados a marcharnos por ver la situación económica que tenemos en nuestro país». Jason Daneris Rivera tiene 21 años y es de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, la que durante años tuvo el dudoso honor de encabezar la lista de municipios con mayor número de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Rivera sabe de eso, porque muchos de sus compañeros de trabajo han muerto. Los asesinaron pandilleros de la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. El joven lleva tres años trabajando como ayudante de autobús, una profesión de riesgo en Centroamérica. Si no pagas la extorsión, te matan. Si tu jefe no paga la extorsión, te matan a ti también. Todavía tiene miedo y por eso no da nombres. Y eso que ya está en el estado de Chiapas, en México, en la carretera que une Ciudad Hidalgo y Tapachula. Avanza junto a otros cientos de personas, unas 2.000 aproximadamente.

Son las 7 de la mañana. Tres horas antes, han atravesado en bloque el puente Rodolfo Robles, que une Guatemala con México. No encontraron oposición. Únicamente tuvieron que romper un candado. Razón suficiente para que, desde medios conservadores mexicanos, les acusen de «violentos». Lo relevante no es cómo han entrado, aunque tiene su importancia.

Lo verdaderamente clave es que no han encontrado oposición. No hay policías en el puente internacional, ni en Tecún Umán, la última frontera de Guatemala, ni en el acceso a México. Nada que ver con lo ocurrido hace tres meses, cuando miles de personas fueron golpeadas, gaseadas y bloqueadas por la Policía Federal. Entonces, Enrique Peña Nieto todavía ocupaba el palacio de Los Pinos y Andrés Manuel López Obrador se preparaba para llegar a la presidencia. Su anunciada nueva política migratoria tenía su primer examen con la caravana, que partió de San Pedro Sula el 14 de enero. Por el momento, el cambio es histórico.

Donde antes había policías antidisturbios, ahora un funcionario da la bienvenida, ofrece una botella de agua y explica sobre los derechos y deberes de los migrantes. La oferta es generosa: los migrantes deben registrarse con su cédula y no tener cuentas pendientes con la Justicia. En ese caso reciben una pulsera de plástico. Cinco días después reciben su tarjeta. El viernes, Tanatohui Guillén, comisado del Instituto Nacional de Migración (INM), entregó las diez primeras. Con esa identificación los centroamericanos pueden desplazarse libremente por México, pedir trabajo o tener acceso a los servicios públicos, como el sanidad.

Claro que, si uno pregunta a los que huyen, todos responden al unísono que no quieren quedarse en México, que su objetivo es llegar a EEUU. Esta tarjeta puede suponer un terremoto para el fenómeno de la migración centroamericana. Por ejemplo, al poder transitar libremente, ya no tendrán que realizar los penosos rodeos de las garitas migratorias para evitar ser detenidos. Ya no atravesarán cientos de kilómetros aterrorizados, a merced de funcionarios corruptos que los entregan a grupos criminales. Si nos ponemos a soñar, hasta se acabaría con el negocio de los coyotes, al menos desde Honduras, Guatemala y El Salvador hasta la frontera con Estados Unidos. Tampoco vayamos tan lejos. La caravana también era una fórmula para evitar que los migrantes estuviesen en manos de tipos sin escrúpulos que les cobraban un dineral para cruzarles el país. Cuando se dieron cuenta de que llegaron a Tijuana sin su ayuda, decidieron subir los precios de pasar al norte. En diciembre, un coyote podía cobrar 8.000 dólares por ayudar a alguien a cruzar a Estados Unidos. Lo mismo que meses antes hubiese costado realizar el trayecto desde San Pedro Sula.

«No esperaba esto. Yo pensaba que lo mismo iba a ser, pero parece que la gente se calmó, ya no es lo mismo que antes, que a la greña no se consiguen las cosas». José Mateo Quintanilla tiene 55 años y viene de Gracia, Lempira, en Honduras. Es un veterano. Estuvo en la caravana de octubre, pero se dio la vuelta después de las cargas policiales del puente y tras constatar que su hijo Jason José, de 13 años, acusaba la ausencia del padre. Le hizo una promesa: cuando terminase la escuela, si salía otra caravana, la tomarían juntos. Así que ahora ambos esperan en la garita migratoria de México. Los dos llevan su pulsera. Los dos han decidido que aguardarán en el albergue habilitado por el Gobierno mexicano. Este es un gran cambio respecto al año pasado. Entonces, quienes creyeron las palabras de Migración y aceptaron cruzar el puente legalmente, fueron encerrados en la Feria Mesoamericana, en Tapachula, una extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI. Básicamente, se convirtieron en presos por emigrar. En este caso, sin embargo, pueden esperar sus documentos libremente. Pueden regresar a Guatemala y alojarse en la Casa del Migrante. También cruzar a México y utilizar el albergue. Tiene reglas, pero el trámite es rápido. El tiempo es otra gran diferencia. Antes la única oferta que realizaba México era pedir asilo. Y, para ello, debían esperar un largo trámite en Chiapas, el más pobre de los estados mexicanos, en muchas ocasiones encerrados. Nada que ver con esta tarjeta, con la que uno puede moverse libremente en un brevísimo espacio de tiempo.

Desconfianza

No todos comparten la felicidad por esta oferta del Gobierno mexicano. Todavía hay muchos centroamericanos que no se fían. Es lógico. Llevan décadas acostumbrados a que todos los mandatarios les engañen. Es el caso de Noemí Bobadilla, de 39 años y también una veterana. Estuvo en la caravana anterior, pero fue deportada por México cuando se separó del grupo y trató de alcanzar La Bestia. Ahora camina junto a otros 2.000 desarrapados que han decidido desobedecer las leyes migratorias y seguir adelante ignorando la oferta de la tarjeta. Incluso con ellos el trato es diferente. A su alrededor hay policías, pero regulan el tráfico y no intentan detenerles. Los agentes de migración que se acercan, anteriormente el mayor enemigo de los que huyen, intentan amablemente convencerles de que desistan y acepten registrarse. La mejor receta para que los que siguen caminando crean en las promesas de López Obrador: que sus compañeros les alcancen con la tarjeta y libres. Solo así podrán convencerse. Posteriormente habrá que analizar la letra pequeña de esta medida. Especialmente, un punto: ¿se trata de un privilegio especial, adoptado por razones humanitarias, o una política de Estado que se implementará de forma permanente? Si una familia de San Pedro Sula aparece en la frontera con México dentro de un mes por propia cuenta, sin caravana que le respalde, ¿accederá al mismo trato que los integrantes del primer éxodo del año? El comisionado del INM, Tanatohui Guillén, no fue claro el viernes. Habló de derechos humanos, de política de Estado, de migración ordenada. Prometió planes de desarrollo en Chiapas y Oaxaca, los dos estados más pobres de México. Pero eludió comprometerse con la idea de que la medida se extenderá in eternum. La ONU estima que entre 300.000 y 400.000 centroamericanos atraviesan México anualmente en su camino hacia Estados Unidos. ¿Podrán beneficiarse todos ellos de estas medidas o solo los que llegan en caravana?

Por el momento, al menos 2.000 centroamericanos avanzan a través de Chiapas mientras que otros cientos esperan en Tecún Umán recibir su tarjeta. El flujo desde Honduras y El Salvador, al que se suma los guatemaltecos que abandonan su país, no se ha detenido. Lógico. Las causas de la migración, la pobreza y la violencia, se mantienen. Y cada vez son más los que dan por perdidos a sus países y hacen las maletas para siempre. En este punto, solo queda ver cuál es la reacción de EEUU. Su presidente, Donald Trump, ha utilizado políticamente las caravanas para sus batallas internas. Habrá que ver cómo reacciona si México termina convertido en un pasillo por el que transitan miles de desplazados que ya no soportan vivir en sus pobres y violentos países.

 

Oferta de trump sobre migración para financiar su muro

El presidente de EEUU Donald Trump, presentó ayer una propuesta para poner fin al cierre de la Administración federal, que incluye una prórroga de tres años para los llamados «soñadores», los inmigrantes menores beneficiarios del programa DACA, así como para los afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal, que protege de la deportación a más de 436.000 inmigrantes. Con ello quiere lograr que los demócratas acepten financiar el muro fronterizo con México, cuya exigencia mantiene cerrado el 25 % de la Administración federal desde el pasado 22 de diciembre. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, rechazó la oferta subrayando que «no es un intento de buena fe para restablecer la confianza en la vida de la gente». Al presentarla, Trump volvió a referirse a la inmigración como origen de la violencia, las violaciones de mujeres o el tráfico de drogas. Previamente, había acusado a México de «no hacer nada» para detener la caravana de migrantes hondureños, que se dirige a EEUU.GARA