Leos Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron el viernes un acuerdo sobre la Directiva de Gas que permitirá adoptar nuevas normas sobre el transporte de ese hidrocarburo sin afectar al gasoducto Nord Stream 2, que conecta Rusia a Alemania a través de las aguas del mar Báltico.

Como recordó la agencia Efe, Bruselas quería aplicar la normativa europea sobre energía a los gasoductos con terceros países, punto al que se oponía Berlín porque afectaría al Nord Stream 2, un conducto de 1.200 kilómetros de longitud en construcción que permitirá a Rusia enviar gas a Europa Central a través de Alemania sin pasar por Ucrania.

El Nord Stream 2 despierta bastante inquietud en otros socios comunitarios al considerar que incrementa la dependencia energética de la Unión Europea respecto a Moscú.

Finalmente, tras llegar a un acuerdo con el Estado francés el jueves, Berlín ha conseguido el respaldo casi unánime (27 votos a favor y una abstención), de forma que Alemania pilotará las negociaciones sobre el Nord Stream 2. La enmienda en cuestión estipula que «el país por cuyas aguas territoriales entre el gasoducto tenga el control de la línea», es decir, Alemania en el caso del Nord Stream 2, como señalaron fuentes diplomáticas.

«El objetivo general de la enmienda (...) es garantizar que las reglas que gobiernan el mercado interno de gas de la UE se apliquen a los gasoductos entre un Estado miembro y un tercer país, hasta la frontera del territorio del Estado miembro y el mar territorial», indicó el Consejo en un comunicado.

La Comisión y el Parlamento

No obstante, este acuerdo solamente recoge la posición de las capitales, que tendrán que llegar a un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento de Estrasburgo, en negociaciones que se iniciarán la próxima semana, sobre la revisión de la directiva aprobada en 2009.

En abril de 2018, el Parlamento fijó su posición en línea con la Comisión y el pasado 12 de diciembre aprobó una resolución en la que pedía que se parase la construcción de esa infraestructura que operará la multinacional rusa Gazprom, al considerarla «un proyecto político que supone una amenaza para la seguridad energética europea».

En junio de 2017, la Comisión criticó el proyecto afirmando que «no contribuye a alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía» pero pidió que, en caso de construirse, se vigile que «se explote de manera transparente y desde el respecto a las reglas de la Unión Europea relativas al mercado de la energía».