Aritz INTXUSTA
IRUÑEA

Mil sillas vacías exigen investigar las torturas en Nafarroa hasta 2014

La Red de Personas Torturadas en Nafarroa colocó mil sillas en la Plaza del Castillo para reclamar una investigación institucional sobre los casos de tortura. Exigen un trabajo que aborde no solo el franquismo, sino que llegue hasta las últimas denuncias de 2014. Hoy se vota en el Parlamento sobre una ley que daría cobertura a un estudio así.

Las primeras palabras de la red de torturados navarros fueron para Joxe Arregi. Ayer se cumplían 38 años de su muerte en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. Lo mataron a golpes policías nacionales. «Cada una de estas mil sillas simboliza a una persona torturada, un testimonio de la crueldad de esta práctica», subrayaron Mariló Gorostiaga y Gloria Bosque, miembros de esta red que se dio a conocer hace unas semanas.

Los torturados sostienen que esta práctica se produjo con cobertura política y judicial. Hablan de permisividad de la judicatura e inacción por parte de las instituciones. Por eso piden que ahora estas den un paso adelante en favor de una investigación con carácter institucional. «Investigar lo ocurrido es un paso imprescindible. Existen protocolos científicos reconocidos a nivel internacional para poder hacerlo con veracidad. Únicamente hace falta voluntad política», afirmaron.

La red anunció, por tanto, que emprenderá una ronda de reuniones con los partidos de cara de conseguir un compromiso en sus programas electorales para impulsar de una iniciativa así. «Esta debe ser la última legislatura sin una investigación de estas características», zanjaron.

Votación en el Parlamento

La potente imagen de las mil sillas vacías en la plaza central de Iruñea coincide un día antes de una votación muy importante para levantar el manto de silencio. El Parlamento trata hoy la toma en consideración de la nueva ley de víctimas de abusos policiales y de extrema derecha. Esta norma viene a sustituir una ley anterior, de 2015, que fue cercenada hasta dejarla inservible por el Constitucional, si bien la votación fue muy reñida y cinco jueces del TC se desmarcaron de la sentencia.

En el año 2017, el Gobierno navarro concedió unas ayudas para investigar la práctica de la tortura en Nafarroa. El equipo de la UPV-EHU liderado por el forense Paco Etxeberria (que realizó un informe análogo en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia en el que se acreditaron 4.113 casos) se hizo con esta subvención. No obstante, la orden foral que encomendaba este y otros estudios –sobre la muerte de Gladys del Estal y los sanfermines de 1978– fue recurrida. Finalmente, el TSJN lo anuló todo, amparándose en la sentencia del TC contra la ley de víctimas de 2015.

En principio, con la nueva ley que se debate hoy en el Parlamento, se podría volver a emprender una investigación así. De hecho, Etxeberria confirmó a GARA que su investigación sobre la tortura en Nafarroa jamás se ha detenido. Si bien, sin financiación todo es más lento y dificultoso, puesto que depende del trabajo voluntario de distintas personas de perfil técnico.

Los periodistas preguntaron a las portavoces de la red si el acto se debe entender como un empujón a la tramitación de la nueva ley de víctimas. Pero la red de personas torturadas no quiso entrar a eso. «Nosotros lo que pedimos es que la investigación se realice y que se acometa de forma oficial. Cuál es la mejor vía para hacerlo ya es una cuestión del Gobierno y el Parlamento», afirmó Gorostiaga.

Los impulsores de la querella contra el franquismo irán al Constitucional

Los impulsores de la querella municipal y ciudadana contra el franquismo anunciaron ayer su intención de recurrir la inadmisión a trámite ante el Constitucional. Y, en caso de ser necesario, también lo llevarán a Europa. La abogada Lourdes Etxeberria aseguró que, jurídicamente, se puede esquivar la Ley de Amnistía y que solo basta encontrar a «un juez valiente». Sostuvo que es incongruente que el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa diga que no se puede investigar un crimen de genocidio solo porque este delito no estaba incluido en el Código Penal franquista. En la mesa había sindicalistas y personas que fueron torturadas por la dictadura y lanzaron esta duda al aire: «¿Nos quieren decir que no hay forma de exigir verdad, justicia y reparación para las 3.000 personas asesinadas y hechas desaparecer?».