Iñaki IRIONDO
GASTEIZ

El Gobierno PNV-PSE, contra leyes sociales y anticorrupción de la oposición

El Gobierno de Coalición PNV-PSE mostró ayer su rechazo a tres proposiciones de ley presentadas por Elkarrekin Podemos sobre modificaciones presupuestarias y la protección de personas que denuncien delitos o infracciones, y calificó de «ilegal» la intención de EH Bildu de regular las cláusulas sociales en los contratos públicos. Además, en la Mesa del Parlamento la mayoría decidió no admitir a debate una propuesta del grupo independentista para que la Mesa pida que la Comisión Arbitral no suspenda la tramitación de la ley para la creación de la oficina de buenas prácticas y anticorrupción.

La decisión del Ejecutivo de Urkullu de rechazar las proposiciones de EP para subir los salarios de los funcionarios y la RGI era esperable. De inicio, porque la reglamentación en vigor establece que cualquier ley que modifique el presupuesto debe contar con el visto bueno gubernamental y, además, la pasada semana el Parlamento ya aprobó dos leyes sobre esas mismas materias.

Sin embargo, el criterio negativo a las otras dos proposiciones, establece motivos más políticos que reglamentarios.

Ley de Cláusulas Sociales

EH Bildu ha presentado una proposición de ley para la regulación de las cláusulas sociales en los contratos públicos, en la que propone que las empresas que contraten con la Administración de la CAV garanticen un sueldo mínimo de 1.200 euros, respeten el convenio del territorio y cumplan criterios medioambientales y de igualdad.

El Gobierno de PNV y PSE asegura que observa «serios visos de ilegalidad» en la iniciativa, que considera «incompatible» con las directivas y la jurisprudencia europea. Apunta que «tampoco es correcto incorporar a la normativa actual cláusulas de derecho laboral y social. Añade que la propuesta de EH Bildu establece disposiciones «desfasadas o que han quedado superadas» por la legislación estatal, «acuerdos del propio Gobierno Vasco y disposiciones que los tribunales ya han considerado ilegales».

Conocida la decisión, EH Bildu respondió que «al rechazar la ley de cláusulas sociales, Lakua confirma que es su voluntad seguir promoviendo la precariedad laboral». Añade que «garantizar sueldos de 1.200 euros en las contrataciones públicas es una condición mínima para promover empleo de calidad. El Gobierno Urkullu se ha convertido en agente de precariedad y, lo que es peor, se niega a corregir su actuación».

EH Bildu anunció que mantendrá su propuesta porque «la tramitación posterior permitirá aclarar las dudas que puedan tener y consensuar los contenidos de la ley».

El Gobierno también rechaza por redundante la iniciativa de Elkarrekin Podemos para proteger a las personas que denuncien presuntos delitos o infracciones, porque se solapa con la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de EH Bildu que ya se está tramitando en la Cámara. Llamativamente, la creación de esta Oficina ha sido recurrida por las diputaciones a la Comisión Arbitral, lo que paralizará su debate, y la Mesa rechazó ayer que se pueda debatir una proposición de EH Bildu para tratar de impedirlo.