El desarrollo de las relaciones laborales en los últimos 30 años no deja lugar a dudas: se ha dado un proceso de precarización general del trabajo, tendencia que, en el Estado español, no ha hecho sino acentuarse con la crisis económica y con las reformas laborales adoptadas en 2010 y 2012 por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy. La reactivación posterior de la economía ha traído con ella un ascenso de la siniestralidad laboral, que no ha parado de crecer desde 2013 en relación al número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

Las políticas de prevención y de seguridad en el trabajo del Gobierno de Navarra tomaron una nueva dirección con la llegada del cambio en 2015. Es demasiado pronto para que las medidas adoptadas den frutos tangibles, y quedan todavía políticas por desarrollar, pero no cabe esperar una revolución. Ni desde Iruñea ni desde Gasteiz pueden ponerse en marcha medidas estructurales porque estas se deciden en Madrid. Y lo cierto es que las reformas laborales y el sistema preventivo vigente en el Estado español afectan profundamente a las condiciones de trabajo, en perjuicio de la salud y la seguridad de los trabajadores.

El Parlamento de Nafarroa y varios consejeros han pedido, en este sentido, la derogación de las reformas laborales. Sin los instrumentos necesarios, a merced de decisiones de Madrid y con la patronal local con otras prioridades y poco interesada en encontrar soluciones, las instituciones navarras se encuentran limitadas frente al reto de la siniestralidad laboral, lo cual no significa que no deban redoblarse los esfuerzos aquí. Debemos recordar que estamos hablando de la salud y el futuro de los trabajadores. Según sindicatos como ELA o LAB, tan solo el verano pasado 11 personas murieron en sus puestos de trabajo en accidentes laborales sucedidos en situaciones de precariedad extrema. Una tragedia inaceptable y, por lo tanto, un fracaso que debe convertirse en una prioridad para las instituciones y la sociedad.