La inclusión de Prisiones en el calendario de transferencias fijado por el Gobierno de Sánchez propició que ayer se debatiera en el Parlamento de Gasteiz sobre política penitenciaria. Fue a iniciativa de EH Bildu, que cabalmente planteó que la exigencia del cumplimiento de una transferencia no puede desligarse de las políticas que se vayan a aplicar en el futuro. Para seguir haciendo lo mismo, ya está Madrid. Y el Estado no es precisamente modelo de nada. Ayer, por ejemplo, la coordinadora estatal de VIH y Sida, Cesida, alertó de que el sistema sanitario en las prisiones del Estado es un barco que se está hundiendo. Ofreció datos estremecedores sobre la cantidad de personas presas con patologías mentales y sobre las vulneraciones de derechos en las cárceles españolas.

No obstante, como suele ser habitual en este tipo de plenos, los reproches mutuos tuvieron mucho más protagonismo que las propuestas para caminar hacia otro modelo penitenciario. Una actitud que choca con las reiteradas denuncias, tanto de organizaciones sociales que trabajan en este ámbito como las realizadas por familiares de personas presas, que urgen una humanización de la situación en las cárceles. La apuesta por una justicia restaurativa que ponga el foco más en las necesidades de las víctimas y contemple los derechos de los autores del delito y no tanto en el castigo a estos últimos sí estuvo presente en los discursos de la mayoría de grupos políticos. Otra cuestión es la voluntad política para implementar esa filosofía en la práctica y aprovechar la transferencia para extenderla a todas las personas presas de origen vasco.

De este consenso general se desmarcó el PP, que considera que no hace falta ningún cambio. A su juicio todo está bien como está. Pronto han olvidado que el sistema que armaron para alargar el encarcelamiento de los prisioneros vascos también mantuvo en prisión preventiva, gravemente enfermo, a Eduardo Zaplana. Siguen anclados en la justicia punitiva y en la venganza.