El Síndic de Greuges (figura equivalente al Ararteko), Rafael Ribó, recomendó al president de la Generalitat, Quim Torra, que acate el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) y retire los lazos y las esteladas de los edificios públicos de su titularidad durante el periodo electoral, que contempla desde que se convocan hasta que se celebran las elecciones.

Ribó respondió así a la petición de Torra para aclarar qué debía hacer el Govern, una decisión que se comprometió a acatar. La JEC había amenazado con una sanción administrativa e incluso un procedimiento judicial por desobediencia.

El president afirmó que «no da ni dará ninguna orden», como le había exigido la JEC, si bien recordó que «el Govern acordó el martes que, más allá de su voluntad política, se seguirán las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges, manteniendo un respeto pleno a la libertad de expresión».

Lo comunicó el viernes

Con todo, el Govern conocía ya la decisión del Síndic desde el pasado viernes, cuando Ribó trasladó al Govern una resolución, en base a otra del 17 de setiembre de 2018, que concluía que debía mantenerse el pleno respeto a la libertad de expresión de todo el mundo, lo que incluye la exhibición de todo tipo de símbolos democráticos antes, durante y después de las campañas electorales, pero que no deben exhibirse en edificios públicos durante el periodo electoral. Así se lo comunicó por teléfono y en persona a Torra, quien pidió «de inmediato» aclaraciones sobre a qué edificios de titularidad pública afectaba el escrito, si debían retirarse los símbolos puestos por funcionarios y a qué se refería cuando se habla de periodo electoral.

Ribó aseguró que no se siente utilizado por nadie y vaticinó que, pese a la resolución, la casuística a la hora de buscar alternativas a los lazos amarillos será «inmensa».

Según fuentes de diversas consellerías, el resto de departamentos del Govern están pendientes de que Torra tome la iniciativa para empezar a retirar también en sus sedes la simbología vetada y sustituirla por otras alternativas que podría pasar por flores, adhesivos u otros elementos de color amarillo. La JEC debía decidir hoy si remite el caso a la Fiscalía, abre expediente a Torra o instaba a los Mossos d'Esquadra a que retiren los símbolos.

Sin llamadas a la violencia

Precisamente, Torra fue mencionado en el juicio contra el independentismo catalán que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo, donde un comandante de la Guardia Civil, que explicó los mensajes y grabaciones interceptadas, situó al president en una nave previamente a que se incautaran 10 millones de papeletas. También aseguró que los Mossos tenían la «orden» prioritaria de vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad del Estado durante la jornada del 1-O, en la que se instó a los policías autonómicos a apartarse de los otros cuerpos para evitar ser captados juntos en imágenes. Sin embargo, el juez Manuel Marchena no permitió la exhibición de un vídeo que lo desmentía.

Con todo, el testigo no fue de gran ayuda para la pretensión de las acusaciones de demostrar la colaboración entre el Govern y el presidente de Òmnium en una actuación violenta. Explicó que ninguno de los correos recibidos por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart recogían indicaciones para actuar violentamente o hacer llamamientos para alzarse tumultuariamente contra las fuerzas de seguridad o el incumplimiento de órdenes judiciales y rebajó notablemente el relato de «alta tensión» sobre el registro a la Consellería de Economía que había hecho la secretaria judicial.

El TC mantiene la suspensión de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) acordó por unanimidad mantener la suspensión del president Carles Puigdemont como diputado del Parlament, a raíz de ser procesado por «rebelión» por el Tribunal Supremo. En un auto, el TC deniega la petición de Puigdemont de que se suspenda cautelarmente el auto por el que el pasado mes de julio fue suspendido, al entender que esa cuestión no puede ser resuelta ahora dado que equivaldría a «anticipar un eventual fallo estimatorio» de su recurso. El escrito de Puigdemont invocaba la resolución del Tribunal de Schlewig-Holstein que descartó extraditarlo, así como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en noviembre condenó a Turquía por el encarcelamiento del Selahattin Demirtas, expresidente del partido de la oposición prokurdo HDP. El Constitucional rechaza entrar a valorar estas sentencias y se remite también a cuando se aborde «la decisión de fondo, en forma de sentencia».GARA