El Pleno del Parlamento navarro aprobó ayer la nueva Ley de Víctimas Policiales que sustituirá a la que fue anulada por el Tribunal Constitucional español y que busca superar el vacío que han sufrido estas víctimas y ofrecerles reconocimiento y reparación.

La ley ha sido impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E y recibió el apoyo de estos cuatro grupos, aunque EH Bildu y Podemos-Orain Bai reconocieron que la norma no cumple con las expectativas. El PSN se abstuvo y UPN y PP votaron en contra.

La anterior ley navarra fue rechazada por el Constitucional al considerar que se entrometía en la labor de los tribunales al impulsar la creación de un comité que investigara los casos de estas víctimas para poder ofrecer reparación a sus familias.

Para evitar este veto, la norma aprobada ayer especifica que las investigaciones que se realicen en Nafarroa estarán subordinadas a la acción de los tribunales.

De este modo, la comisión que se creará en Nafarroa se limitará a tareas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violencia policial.

Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu, reconoció que aunque votó a favor de la ley, lo hizo «con reservas», al considerar que esta ley no satisface por completo ni a su grupo ni a las víctimas. Señaló que la ley es «agridulce» porque impulsa una tarea que es necesaria, pero criticó que se ha actuado con «cierta autocensura» impuesta a través de enmiendas del PSN.

Laura Pérez (Podemos-Orain Bai) también lamentó que la ley haya quedado «absolutamente descafeinada, ya que ha sido vaciada de contenido» inicialmente por el Constitucional y posteriormente por las enmiendas del PSN.

«Que nadie piense que con esta ley queremos confrontar unas víctimas con otras», señaló Koldo Martínez (Geroa Bai), quien destacó que «aunque las circunstancias sea distintas, el sufrimiento experimentado por todas las víctimas les une y les iguala».

José Miguel Nuin, portavoz de I-E, destacó que el procedimiento administrativo que establece la norma aprobada ayer «permitirá ofrecer reparación a unas víctimas reales que solo han encontrado impunidad porque la voluntad del Estado durante décadas ha sido que no hubiera justicia».

Carlos García Adanero (UPN) insistió en que la nueva ley aprobada ayer podrá ser de nuevo recurrida porque, a su juicio, tiene «indicios claros de inconstitucionalidad».

En la misma línea, Ana Beltrán (PP) señaló que «lo más tranquilizador de esta ley es que no va a tener recorrido, ya que será derogada por el próximo gobierno o será declarada inconstitucional porque tiene todos los visos para serlo».

En nombre del PSN, Inma Jurío, criticó la norma porque «pone más el foco en los autores de la violencia que en las víctimas», algo que, a su juicio, queda patente en el título de la misma, denominada oficialmente como «Ley Foral de reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política atribuibles a la extrema derecha o funcionarios».

Se creará una comisión

La ley aprobada ayer prevé que se cree una Comisión de Reconocimiento y Reparación, que será la encargada de resolver en el plazo de un año los expedientes incoados. Todas las personas y entidades relacionadas con el cumplimiento de estos objetivos estará obligadas a colaborar con la comisión en la que forma que se determine.

En cualquier caso, la propia ley supedita los trabajos de esta comisión a la actividad de los tribunales de justicia, señalando expresamente que no podrá actuar si existe una causa judicial abierta en alguno de los casos.

La ley prevé también acciones en el ámbito educativo y en el institucional, al tiempo que establece medidas para garantizar la intimidad de las víctimas cuando así lo soliciten expresamente.

La norma señala que su objetivo es restaurar las violaciones de derechos humanos acaecidas en un contexto de violencia de motivación política para que lo que pone en marcha un procedimiento para corregir el vacío legislativo existente,