Pablo RUIZ DE ARETXABALETA
DOCUMENTAL “LA HERENCIA DE MI ABUELA”

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA QUE SILENCIÓ EL MIEDO

EL INTENTO DE RECONSTRUIR LA HISTORIA OCULTADA DE UN ANARQUISTA FUSILADO EN LA RIOJA DA INICIO A UNA SERIE DE HISTORIAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE MILES DE VÍCTIMAS DE LAS DICTADURAS FRANQUISTA Y LATINOAMERICANAS, BORRADA POR LEYES O POR UN TERROR QUE HA SILENCIADO A LAS VÍCTIMAS DURANTE DÉCADAS.

“La Herencia de mi Abuela” es fruto del hallazgo casual de su director, Fernando López Castillo, de la existencia de un tío que había sido fusilado en 1938 por pertenecer a la CNT. Una historia familiar oculta por décadas de silencio que ha intentado recomponer junto a otras historias de represión y recuperación de la memoria.

La película-documental, proyectada en Gasteiz hace dos semanas, ha sido un trabajo lento, de casi siete años, según su autor, en el que han colaborado Gogora –Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos–, el Ayuntamiento de Gasteiz y la Asociación 3 de Marzo.

La historia de Juan José Hornillos arranca en La Rioja, donde este militante anarquista, capturado al intentar regresar a su casa, fue fusilado como otros 2.000 riojanos por los sublevados franquistas en un territorio donde ni siquiera había frente de guerra.

Los testimonios del documental dan cuenta de lo planificado de la matanza, y tras su pista, López Castillo averigua que su propio padre salvó la vida al tener pasaporte uruguayo y que su abuela, tras ver ejecutado a su hijo, fue multada con 5.000 pesetas como castigo añadido.

Una historia escondida porque incluso «mi padre aterrorizado, llegó a ocultar la existencia de su hermano», y nunca le habló de él, señala el director, que guía al espectador por una cadena de testimonios que van recomponiendo un puzzle roto por el terror; del compañero de militancia anarquista a familiares de otros fusilados.

En Montevideo, Buenos Aires o Santiago de Chile, otras víctimas relatan las consecuencias de las dictaduras de la década de los 70 del siglo pasado, coordinadas en el Plan Cóndor para someter a las disidencias. Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay establecieron un patrón común de violaciones de derechos humanos, del que dan cuenta en primera persona las madres y abuelas de la Plaza de Mayo; la uruguaya que aún intenta sacar las torturas de su cabeza «y a veces lo consigo» o la hija que descubre –tras el intento de suicidio del militar chileno al que creía su padre– que en realidad era una de las niñas robadas a militantes que desaparecían en los centros de detención, y que tiene que comenzar a reconstruir su identidad desde su propio nombre.

Trabas a la reparación

De la recuperación de la verdad –que choca con intentos de borrarla como la «teoría de los dos demonios» que se extiende por Latinoamérica para relativizar lo sucedido– el documental pasa a los intentos de materializar la justicia.

Las víctimas apuntan a Argentina como el país donde mejor se está llevando a cabo gracias a un fuerte movimiento por los derechos humanos. En el otro extremo, aparecen Uruguay y España, ambos con leyes de amnistía o punto final sin esclarecimiento de lo sucedido y que impiden juzgar a los culpables.

«Cuando hay puntos ciegos se va transmitiendo de generación en generación, es como una herida que no termina de sangrar nunca», afirman. Cuando la película regresa al Estado español se abre una herida aún mayor.

Como explica uno de los responsables de un laboratorio de ADN, el intento de encontrar a los desaparecidos no solo tropieza con que miles de cuerpos aún siguen en las cunetas, sino que más la mitad de los posibles denunciantes no los busca por miedo.

El nieto de Bienvenido Velasco, cuyo cuerpo sin identificar yace en las fosas de La Barranca, en La Rioja, relata cómo ha tenido que reconstruir una y otra vez el monolito que lo recuerda porque su recuerdo sigue aún atacado por los «vencedores».

En el Estado español, uno de los países con más desaparecidos del mundo, no es solo la Ley de Amnistía la que ha impedido juzgar los crímenes franquistas.

Es el miedo que ha perdurado durante más de una generación, y que constata la magistrada María Servini –que desde Argentina trata de completar lo que no se hace en el Estado español– en la dificultad de los denunciantes cuando acuden a relatar lo sucedido.