La asociación de transportistas de Gipuzkoa (Guitrans) criticó ayer que el sistema de peajes para vehículos pesados en la A-15 y la N-I «penaliza injustamente» a los camioneros del territorio, «más» a partir de la modificación del sistema ATE que entró en vigor el pasado 14 de mayo.

Un vehículo que pase cuatro veces por el pórtico instalado en Andoain, «algo que ocurre normalmente con los transportistas locales pero no con los foráneos», pagará 3,24 euros más, según los cálculos de Guitrans, mientras los que pasan por los tres arcos (Etzegarate, Andoain y Astigarraga) abonará 1,57 menos, señaló la asociación.

El presidente de Guitrans, Mario Palacios, destacó en la asamblea, que congregó en el palacio Miramar de Donostia a empresas guipuzcoanas y asociaciones de transporte de todo el Estado español, la importancia de cohesionar un sector que supone el 4,4% del PIB guipuzcoano y da trabajo a 12.000 personas en el herrialde.

Incidió en las retenciones kilométricas que desde 2015 se producen en el paso fronterizo de Biriatou, una situación que consideró «intolerable» y de la que responsabilizó a las autoridades francesas «por no utilizar todos los medios disponibles» para atajar el problema.

Pérdidas por las retenciones

Palacios señaló que un camión que hubiera estado en todas las colas que se han producido en la A-8 en ese punto habría acumulado 40.000 euros de pérdidas. Informó que el Comité Nacional de Transporte ha acordado utilizar los recursos jurídicos y administrativos para conseguir que la administración francesa «reconsidere su actitud».

El presidente subrayó que el aumento de actividad no va acompañado de un ascenso de la rentabilidad, ya que los costes del transporte han subido en 2018 un 1,3% pero los precios «se han mantenido y en muchas ocasiones han bajado». Incidió en la «competencia desleal» ejercida por empresas deslocalizadas y de países de costes salariales y fiscales más bajos que, a su juicio, «está alterando el mercado» por lo que «resulta imposible actualizar los precios».

Ante esta situación, reclamó «una inspección eficaz» por parte de las administraciones para detectar prácticas fraudulentas.