Ramón SOLA
DONOSTIA

El permiso a Gorka Fraile, otro paso adelante en la batalla legal de EPPK

EPPK ya vaticinó cuando apostó por la vía legal que el camino sería duro. Uno de los frentes más rocosos es el primer grado, del que han logrado salir 42 presos pero a quienes se deniegan reiteradamente permisos ordinarios de salida, lo que supone vaciar de contenido esa clasificación y evitar la progresión al tercer grado, donde cabe ya pelear por excarcelaciones. Por eso el permiso de tres días a Gorka Fraile es otro pequeño paso, otra grieta en ese muro.

El preso de Durango Gorka Fraile Iturralde ha podido pasar tres días en el domicilio de su compañera, este pasado fin de semana, tras autorizar el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional su petición, rompiendo la tónica habitual de denegarlas sistemáticamente en estos casos.

El auto emitido el 23 de mayo por el juez José Luis Castro deja claro que en su caso «concurren todos los requisitos exigidos». La Fiscalía también lo apoyó. A finales de abril había propuesto este permiso la Junta de Tratamiento de El Dueso, cárcel cántabra donde cumple condena.

La decisión supone un nuevo pequeño paso adelante en la batalla legal emprendida por EPPK, dado que hasta ahora esos permisos concedidos con cuentagotas se habían otorgado únicamente a condenados por acciones exclusivamente políticas o como mucho kale borroka: Xabier Sagardoi, Alfredo Remírez, Julen Ibarrola y Ekaitz Ezkerra (los cuatro, por cierto, ya libres tras agotar sus condenas). Dicho en otras palabras, como en otras decenas y decenas de casos más, a los cuatro se les había condenado por «pertenencia» o «colaboración» con ETA pero sin que realmente hubieran pertenecido a la organización.

Segundo grado

El auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria abre nuevas perspectivas para los 42 presos clasificados actualmente en segundo grado, entre los que se encuentra Gorka Fraile.

El abuso del primer grado sigue siendo el muro contra la ofensiva legal de EPPK, pero poco a poco se van concediendo progresiones, con lo que el porcentaje de presos que han conseguido pasar a segundo grado (antes un irrelevante 5%) supera ahora el 15%. Sin embargo, hasta la fecha sistemáticamente se les han denegado permisos ordinarios, lo que imposibilita su progresión al tercer grado, a su vez imprescindible para poder ir logrando excarcelaciones.

El veto mantenido hasta ahora por el JCVP provocaba una situación de pescadilla que se muerde la cola: no se les deja salir porque no están en tercer grado y no se les pasa a tercer grado porque en segundo grado no han tenido permisos, que se presentan como una especie de paso intermedio entre ambos.

El caso de Fraile abre una grieta en este bloqueo generalizado, aunque habrá que ver si se extiende y a qué ritmo. El preso de Durango había sido noticia hace nueve escasos días por haber desestimado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su demanda contra el alejamiento, formulada en 2017, cuando se encontraba en la cárcel de Badajoz (a finales del pasado año fue acercado a Cantabria). Estrasburgo no niega que la medida fuera perjudicial para su vida familiar, pero estima que no era «desproporcionada» en un contexto en que ETA aún existía, y por tanto ahora superado.

Algunas fuentes trataron de presentar este fallo de Estrasburgo como un aval a la política de alejamiento que se mantiene, pero no era tal. Y este permiso, concedido precisamente en el momento en que Europa evaluaba su caso, apunta a que los poderes españoles son bien conscientes de ello.

 

El lasartearra Aitzol Iriondo, acercado a Lannemezan

El preso político lasartearra Aitzol Iriondo ha sido trasladado a Lannemezan desde la cárcel de Moulins-Yzeure, a 740 kilómetros de Euskal Herria, según confirmó ayer Etxerat.

El preso de Lasarte-Oria fue arrestado en la localidad pirenaica de Gerde en diciembre de 2008. Se da la circunstancia de que el viernes pasado, un grupo de amigos que acudía a visitarle sufrió un accidente de tráfico cuando estaban a una hora de la prisión francesa.

El de Iriondo es, tras el de Mikel Karrera en mayo, el segundo acercamiento de un preso vasco desde que, a principios de año, la delegación integrada por electos y miembros de la sociedad civil de Ipar Euskal Herria retomara el diálogo con el Ministerio francés de Justicia. En el caso del iruindarra, el traslado se produjo a raíz de la existencia de una resolución judicial que avalaba su derecho a estar en una cárcel cercana a su entorno familiar.GARA