Los transportistas de materias peligrosas en Portugal, en huelga desde el lunes, anunciaron ayer que no acatarán la intervención legal decretada por el Gobierno, que les obliga a trabajar bajo penas de prisión si se niegan, y que dejarán de cumplir los servicios mínimos.

«Nadie va a cumplir ni servicios mínimos ni requisición civil (nombre jurídico de la intervención), no van a hacer absolutamente nada», declaró el portavoz del sindicato de transportistas, Pedro Pardal Henriques. Explicó que esta decisión pretende ser una respuesta al Ejecutivo de António Costa, que la noche del martes anunció que 14 huelguistas obligados a trabajar a raíz de la intervención no habían cumplido con el requerimiento.

«Ver a representantes de nuestro país amenazar a trabajadores con penas de prisión es una vergüenza», comentó Pardal desde Aveiras de Cima, base de operaciones de los transportistas. «Si un conductor va a ser apresado, entonces el señor ministro tiene que traer varios autobuses para llevar también a los otros 800», añadió.