Alcalde coraje”, “Señora Prefecta, deje que nuestros alcaldes nos protejan”, “Pesticidas, herbicidas, fungicidas... sea cual sea su nombre, van a nuestros pulmones”. Agitando numerosas banderolas y carteles, un millar de simpatizantes –habitantes de la región y miembros de organizaciones ecologistas de Bretaña, así como jóvenes militantes de Extinction Rebellion– se dio cita ante la sede de la Corte Administrativa de Rennes para apoyar a Daniel Cueff.

Este electo ecologista, no adscrito a ninguna formación política, compareció ante el tribunal por haber dictado una orden, el 18 de mayo, prohibiendo la utilización de productos fitofarmacéuticos «a una distancia inferior a 150 metros de cualquier parcela catastral que incluya un edificio destinado a uso habitacional o profesional».

Pero la Prefectura exige la suspensión del mandato alegando que un alcalde no tiene competencia para tomar decisiones sobre la utilización de productos fitosanitarios, ni siquiera por el principio de precaución, ya que es un poder reservado al Estado.

«En la dirección de la Historia»

«¿Cuál es el poder de un alcalde? ¿Puede un alcalde ignorar la salud de sus habitantes?», espetó Cueff ante el juez, recordando que él no ha prohibido los pesticidas, sino que ha instaurado «una distancia de alejamiento en una parcela que sigue siendo cultivable con productos menos peligrosos». En el plano jurídico, el alcalde recordó que, desde 2009, una directiva europea obliga a los Estados miembros a proteger a sus ciudadanos de la diseminación de los pesticidas y que, en junio, el Consejo de Estado francés anuló parcialmente una norma que regula el uso de estos productos ya que no protegía suficientemente la salud de la gente que reside cerca de los lugares afectados.

En el frente político, el electo pidió al juez que preservara una orden que «va en la dirección de la Historia», evocando un «movimiento de fondo sin precedentes» con una población ultrasensibilizada y con niños de seis años «con niveles de glifosato 30 veces superiores al umbral permitido en el agua potable», tal como recogió AFP.

La Prefectura también argumenta que no hay «circunstancias locales particulares ni de peligro inminente» que justifiquen la decisión del alcalde y aseguraron que la denominada Ley Egalim prevé la introducción de medidas específicas a partir del 1 de enero.

«Desde hace quince años, el Estado dice que lo va a hacer, pero no lo ha hecho. ¿Es que hay que estrellarse para despertar?», replicó Arnaud Delomel, abogado del alcalde.

A la salida del juzgado, Daniel Cueff fue aclamado por quienes esperaban fuera con una ovación atronadora.

«Estamos en un momento de inflexión, el Estado se verá obligado a ponerse del lado de la gente», indicó Michel Besnard, presidente del Colectivo de Apoyo a las Víctimas de Pesticidas del Oeste. Ronan Bourdon, padre de un apicultor de Langouët, apoya a Cueff «al 200%». «Mi hijo ha tenido un 68% de mortalidad de abejas en 2018», denuncia con un dato contundente.

La decisión del tribunal se conocerá esta misma semana. En todo el Estado, son ya 20 los alcaldes que han limitado o prohibido los pesticidas en sus municipios.