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El presidente de la Asamblea francesa no dimite pese a estar imputado

Richard Ferrand, presidente de la Asamblea Nacional francesa, ha decidido que no dimitirá de su cargo, la cuarta autoridad del Estado, pese a ser imputado por corrupción cuando dirigía Mutuas de Bretaña.

El presidente de la Asamblea Nacional francesa, Richard Ferrand, ha sido imputado por un caso de presunta corrupción pero aseguró que no dimitirá y recibió el apoyo del presidente de la República, Emmanuel Macron, del que ha sido uno de los principales soportes políticos.

Ferrand fue inculpado por apropiación indebida por los jueces instructores de Lille, que lo interrogaron el miércoles cerca de quince horas sobre las sospechas de que cuando al frente de las Mutuas de Bretaña benefició a su pareja en una operación inmobiliaria aprovechando ese puesto.

Poco después de que la Fiscalía de Lille anunciara esa imputación, el propio presidente de la Asamblea Nacional, la cuarta autoridad del Estado francés, hizo saber que está decidido a mantenerse en el cargo.

En un comunicado, explicó que lo decidido por los magistrados instructores es «una medida de procedimiento» que, según su propia interpretación, «le va a permitir defenderse».

Ferrand recibió en las horas siguientes el apoyo de varias personalidades de la mayoría presidencial y del propio Macron que, de acuerdo con fuentes de su entorno citadas por France Info, le subrayaron su respaldo.

Por su parte, Jerôme Karsenti, el abogado de la asociación anticorrupción Anticor, que se ha constituido en acusación particular en esta investigación después de haber presentado una denuncia, insistió en declaraciones a esa emisora que «para nosotros Ferrand debe irse».

Lo que se le reprocha es que cuando era su director general, las Mutuas de Bretaña decidieron en 2011 optar entre tres opciones posibles por una sociedad propiedad de su pareja, Sandrine Doucen, para alquilar un local comercial en Brest.

De hecho, según las filtraciones de la prensa, la compra de ese local por 375.000 euros y las reformas cifradas en 184.000 euros se financiaron con los alquileres que la sociedad de Sandrine Doucen recibía de las Mutuas de Bretaña.

Además, fue la promesa de alquiler lo que le permitió obtener el préstamo bancario para llevar a cabo la operación.

Las primeras revelaciones de este asunto en 2017 condujeron a la dimisión de Ferrand como ministro de la Cohesión Territorial en junio de ese año, apenas un mes después de la formación del primer Gobierno de Macron.

La investigación fue archivada en octubre de 2017, pero volvió a abrirse en 2018 con la denuncia de Anticor.

Desde las filas de la oposición, se sucedieron los llamamientos para que Ferrand dimitiese. Así, el primer secretario del PS, Olivier Faure, señaló que la imputación no supone culpabilidad, pero reclamó la marcha de Ferrand por «la serenidad del debate público».

«Todo ministro imputado debería dimitir. ¿Por qué no la cuarta autoridad del Estado?», preguntó Fabien Roussel, secretario nacional del PCF.