Aparcando la división existente en el seno del independentismo y a pesar de las amenazas del Tribunal Constitucional, Junts per Catalunya, ERC y la CUP consensuaron ayer una propuesta de resolución en el Parlament en la que expresan su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo contra el procés y hacen alusión al derecho de autodeterminación, comprometiéndose en su defensa. Lo expresan «recordando» que esa misma Cámara «ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989 sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado», y añadiendo que «se compromete a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas».

El Constitucional había advertido sobre un posible delito de desobediencia si no se acataba la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil, de modo que los partidos independentistas han buscado esa fórmula para expresar su postura, en un texto que contiene quince puntos y que logra formalizar en sede parlamentaria el rechazo mayoritario de la ciudadanía catalana al fallo contra los líderes independentistas.

A pesar de esa formulación matizada, los letrados de la Cámara avisaron de que el texto podría contradecir la prohibición, pero eso no arredró a los grupos que conforman la mayoría, que dieron luz verde a su tramitación en la Mesa del Parlament, y ahora deberá ser el Pleno quien vote su aprobación.

En concreto, los letrados centraron su advertencia en el punto once de la resolución, que considera literalmente que «ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los temas de debate en el Parlament de Catalunya, no hay más opción que defender el derecho a la representación política y a la libertad de expresión de todos los diputados, sin fisuras», añadiendo que «si la censura entra en el Parlament de Catalunya se desvirtúa el sentido de la institución», motivo por el que la Cámara «reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político».

Asumir las consecuencias

Esta alusión a la censura no es gratuita, ya que hace justo una semana el Tribunal Constitucional apercibió al president, Quim Torra, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las posibles responsabilidades, incluida la penal, de desobedecer la suspensión de una resolución aprobada el pasado 26 de setiembre, en la que entre otros puntos la Cámara se comprometía a trabajar para lograr la amnistía para los presos políticos y se declaraba necesaria «la retirada de Catalunya de los efectivos de la Guardia Civil». Del mismo modo, a principios de este mes el TC anuló la comisión de investigación parlamentaria abierta sobre la monarquía española.

Frente a esta actitud obstruccionista, el texto acordado reivindica el derecho de los cargos electos a «poder debatir sobre todos los asuntos que interesan a la ciudadanía, incluidos el derecho a la autodeterminación, la monarquía o la soberanía».

Ayer, el presidente del Parlament, Roger Torrent, afirmó que asumirá «todas las consecuencias» que conlleve la defensa de la propuesta consensuada. «Si hay consecuencias desde un punto de vista judicial, y por tanto personal, de los miembros del Parlament y de su presidente, las asumiremos. Asumiremos todas las consecuencias que conlleve defender que aquí se pueda hablar de todo», dijo. Según expuso a los medios, hay una mayoría que comparte la necesidad de «plantarse ante los intentos de amordazar y de censurar» los debates que puedan producirse en el Parlament, algo que él no dejará que ocurra. «No permitiremos –insistió– que la censura entre en el Parlament. Se sabe cuándo entra pero no se puede parar nunca más».

Un precedente «inaceptable»

El texto rechaza la sentencia dictada por el Supremo, con unas penas que los tres grupos proponentes circunscriben a la «deriva autoritaria del Estado», y «exige la libertad de los presos y las presas políticas, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión». Asimismo, se hace mención especial al caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al considerar «un escándalo democrático» su condena a once años y medio de prisión «por haber permitido» que en la Cámara catalana «se pudiese hablar de todo». También destaca el «carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista» y alerta de que la sentencia del Tribunal Supremo sienta un precedente «inaceptable, a partir del cual todas las formas de protesta» social «podrían convertirse en delito de sedición».

Del mismo modo, JxCat, ERC y CUP acusan al Estado español de buscar la «criminalización generalizada de la disidencia política», y advierten de que «el conflicto entre Catalunya y el Estado es de naturaleza política y que, por lo tanto, no se resolverá mediante los tribunales».

En esta línea, la propuesta de resolución insta al Govern a «promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias en el ámbito nacional, estatal e internacional, para lograr una solución democrática al conflicto político entre Catalunya y el Estado».

Sánchez: «Primero Estatuto y luego diálogo»

Pedro Sánchez volvió a desdeñar ayer a Quim Torra al espetarle, durante un acto electoral celebrado en Huelva, que «si quiere hablar, que lo haga primero con los catalanes, sobre todo con los que no piensan como él» y que «si tiene que hacer llamadas, que lo haga a la convivencia».

El presidente español en funciones no solo se mostró irrespetuoso con su homólogo, sino también con aquellas personas que en Catalunya exigen respeto a su decisión. «Primero ley y después diálogo, primero Estatuto de Cataluña y después diálogo», declaró. Sánchez, que la víspera fue abucheado en el Hospital Sant Pau, afirmó además que «los enfrentamientos son entre los violentos y la sociedad catalana y española», y que «los que se han puesto en medio para defender a estas últimas son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», y pidió un aplauso para los agentes.GARA