Agustín GOIKOETXEA
BILBO

Huelga general en enero por «un trabajo, pensiones y vida dignas»

La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria va a emprender una dinámica movilizadora en defensa del empleo, pensiones y derechos que concluirá en enero con la convocatoria de una huelga general. Quieren «pasar a la ofensiva» para reclamar la derogación de la reforma laboral y defender el sistema público de pensiones. CCOO la rechaza, al considerar que afianza «frentes excluyentes, identitarios y ajenos a la realidad de la pluralidad social».

Los secretarios generales de ELA, Mitxel Lakuntza, y LAB, Garbiñe Aranburu, junto a otros agentes que integran la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, defendieron ayer en una comparecencia en Bilbo la necesidad de «dar un salto cualitativo en la lucha en favor de unas condiciones de trabajo, unas pensiones y una vida dignas».

Entienden que hay que «poner freno a la precarización de las condiciones de trabajo y de vida, profundizada en las últimas décadas con la excusa de la crisis». «Han dado mayor poder al capital, a la patronal, y han recortado derechos laborales y sociales. La crisis de 2008 se ha aprovechado para seguir profundizando en esas políticas neoliberales», denunció Aranburu.

«Las y los pensionistas, feministas, jóvenes... también hay un aumento significativo de las luchas sindicales en los centros de trabajo. Todas somos parte de una misma lucha, todos y todas estamos en contra de un modelo injusto y a favor de otro basado en la justicia social», añadió.

Lakuntza justificó la convocatoria de la huelga general, cuya fecha se fijará más adelante. «Si nuestras reivindicaciones no están en la calle no están en ningún sitio, nadie nos hará caso. La huelga es una gran ocasión para recuperar lo que nos han quitado esta última década y para pasar a la ofensiva. Por eso, hemos desarrollado una tabla reivindicativa muy potente: pensión mínima de 1.080 euros, edad máxima de jubilación a los 65 años, sueldo mínimo de 1.200 euros, jornada de 35 horas semanales, dejar sin efecto las reformas laborales y de negociación colectiva aprobadas los últimos años, garantizar los derechos sociales...», enumeró.

«Si las reivindicaciones no están en la calle, difícilmente estarán sobre la mesa de las patronales, las instituciones y los gobiernos», incidió Lakuntza.

Antes de enero, propiciarán movilizaciones en calles y centro de trabajo. La primera será una concentración el 30 de octubre, ante el Parlamento de Gasteiz, para demandar la retirada de la proposición de ley presentada por PNV y PSE sobre la RGI. Luego vendrán las manifestaciones convocadas por los pensionistas para el 16 de noviembre en las cuatro capitales.

Elemento clave es la defensa del derecho a decidir. «Avanzar en democracia y obtener mayores cotas de soberanía es parte de esa lucha diaria por un empleo, unas pensiones y una vida digna», sostuvo Aranburu.

A pesar de ello, advirtió de que «el proceso de precarización no se debe exclusivamente a los límites establecidos por Madrid. Ni en las instituciones de la CAV ni en Nafarroa ha existido voluntad política para combatir el proceso de precarización laboral y social. Se han hecho las mismas políticas públicas que en el Estado». «El propio lehendakari Urkullu lo ha verbalizado sin ningún tipo de complejo. Están del lado del poder económico. Han dado la espalda a la gente trabajadora», criticó.

Interpelados sobre la adhesión de otras centrales, Lakuntza resaltó «las diferencias muy notorias» con UGT y CCOO, a quienes acusó de haber «permitido la jubilación a los 67 años», entre otras reformas. En una nota, CCOO indicó que esta iniciativa responde al interés de ELA y LAB por «capitalizar la lucha por las pensiones dignas, que ha tenido desde su origen una vocación de pluralidad y transversalidad que la propia convocatoria hace saltar por los aires».