Decenas de miles de chilenos, trabajadores y estudiantes, sobre todo, siguieron ocupando las calles, por séptimo día consecutivo, para exigir la renuncia del presidente, el derechista Sebastián Piñera, y un profundo cambio del sistema económico impuesto por las élites desde la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet. Las reformas anunciadas el miércoles por el mandatario (mejorar las pensiones de los más pobres, congelar un aumento del 9,2% de las cuentas de la electricidad, más impuestos para quienes más tienen y rebajar las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos), junto a su petición de «perdón», no han conseguido desactivar el estallido social de la población, harta de décadas de desigualdad y de políticas liberales que le han condenado a la pobreza.

Ante la multiplicación de denuncias de abusos de carabineros y militares, amparados por el estado de emergencia decretado el pasado día 19 y los consecutivos toques de queda,impuestos por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que enviará una misión de verificación para examinar la situación en el país.

Se han contabilizado al menos 18 muertos durante estas protestas, cinco de ellos atribuidos a los represores, pero se suceden las denuncias por una utilización «abusiva y brutal» de la fuerza contra los manifestantes, torturas, vejaciones, violencia innecesaria, abusos sexuales contra mujeres, e incluso desapariciones.

Último balance del INDH

Además de los 18 fallecidos, el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, una entidad pública pero autónoma, había contabilizado ayer 535 heridos –239 de ellos por armas de fuego– y 2.410 detenidos –898 en Santiago y 1.512 en el resto del país– durante los seis primeros días de protestas. El organismo ha recogido también denuncias de torturas a manos de las fuerzas de Estado.

El INDH ha presentado 55 acciones judiciales por las situaciones de las que tienen conocimiento, y que ocurrieron durante las manifestaciones. Cinco de ellas, por homicidio, por los casos de fallecidos en operaciones en las que intervinieron policías o militares, estos últimos al mando del orden público desde que se decretaron los estados de emergencia a lo largo de todo el país.

También se denuncian ocho casos en los que los detenidos acusan haber sufrido violencia sexual, y en este apartado englobaron desnudamientos, amenazas de violaciones y tocamientos.

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó que los militares actuaban para proteger los derechos humanos de los chilenos, no para violarlos.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones sociales llamaron ayer a una segunda jornada de paralización, pero por la mañana muchos acudieron a sus trabajos en el centro de Santiago y el comercio abrió tímidamente sus puertas.

Custodiadas por el Ejército, tres líneas del metro metropolitano funcionaban parcialmente, mientras unos 6.000 autobuses que en la superficie intentan compensar la paralización de las otras cuatro líneas.

Durante la madrugada de ayer los disturbios se calmaron en el centro de Santiago aunque en la periferia la situación seguía tensa, con nuevos saqueos e incendios pese al estado de emergencia y los militares desplegados en las calles.

«Esto ya es el reclamo de todo un país, nos cansamos», gritaba una manifestante en medio de una cacerolada ante los soldados en Santiago.