Además de incluir el derecho a decidir en diversos artículos del nuevo estatus, Iñigo Urrutia recoge en el artículo 170 la «Reforma para la revisión total de las relaciones entre la Comunidad Estatal Vasca y el Estado español», que habría de hacerse de «común acuerdo».

La iniciativa correspondería al Parlamento Vasco, a través de una quinta parte de sus miembros, al Gobierno Vasco, a las Cortes Generales, a un porcentaje tasado de los ayuntamientos o al 5% del censo.

En un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la iniciativa, el Parlamento Vasco debería aprobar la revisión por la mayoría absoluta de sus miembros. Si no hay acuerdo en ese plazo, la propuesta decae.

Si se aprueba la revisión, el Parlamento sería disuelto y se volverían a convocar elecciones. La nueva Cámara debería confirmar otra vez la revisión del pacto por mayoría absoluta.

Tras esta nueva aprobación, «se comunicará la voluntad de revisión del pacto de relación con el Estado español a la Unión Europea y otras instancias internacionales».

Tras las dos decisiones en el Parlamento Vasco y en el plazo de seis meses, el cambio de relación «deberá ser ratificada en referéndum vinculante por la ciudadanía vasca».

En caso de que la ciudadanía ratificara el acuerdo, «el Estado y la Comunidad Estatal Vasca negociarán y celebrarán un acuerdo que establecerá la forma y condiciones en las que se producirá la revisión del pacto confederal, teniendo en cuanta el marco de sus relaciones futuras con el Estado».

Cabe señalar que el nombre de «Comunidad Estatal Vasca» es el elegido por el experto Iñigo Urrutia, nombrado por EH Bildu, de las denominaciones que dejó abiertas la Ponencia de Autogobierno.