En la actualidad, hay veinte presos gravemente enfermos y a buen seguro serán más en los próximos meses, cuando se actualice la lista, según manifestó el abogado Txema Matanzas, quien subrayó que cuidar la salud de los represaliados es una cuestión «vital y estratégica». Durante el coloquio desarrollado en el Aulario del campus de Araba, en Gasteiz, explicó que la lista «formal» en la que se recogen los nombres de algunos de los presos gravemente enfermos –otros prefieren mantener el anonimato–, va cambiando. «Las dificultades son enormes y la situación es más compleja», apuntó al indicar que su excarcelación es ahora más difícil que a finales del siglo XX.

Recordó el papel que juegan el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la propia Audiencia Nacional, que solo avalan excarcelaciones en «situaciones extremas», como la de José Ángel Ochoa de Eribe, fallecido en octubre, tres meses después de salir de prisión.

Ante la intransigencia de los tribunales, los abogados trabajan para lograr vías «intermedias», como el traslado a una Unidad Siquiátrica Legal, o el acercamiento a una prisión no tan lejana. Medidas que sirvan para evitar que tengan que hacer frente a su enfermedad en primer grado, aislados.

Relato en primera persona

Una realidad que conoce bien José Ramón López de Abetxuko, que ha pasado más de 30 años preso, al menos cuatro de ellos indebidamente por la negativa española a descontarle ese tiempo cumplido en cárceles francesas. Encerrado tuvo que hacer frente a una enfermedad cardiaca, que le ha obligado a convivir con un marcapasos. «Sigue siendo mi compañero de viaje», señaló antes de narrar el «calvario» que viven los presos enfermos. En prisión, indicó, la consulta médica puede tardar un mes, y cuando se trata de una urgencia el traslado a la enfermería depende «de la gana» de un funcionario.

Y el hecho de tener que ser atendido en un hospital prolonga el sufrimiento, ya que la visita a un centro hospitalario se puede demorar durante semanas, y cuando por fin se da, se realiza esposado y bajo vigilancia policial. Estas condiciones hacen que algunos presos no soliciten atención, lo que repercute en su estado de salud.

No en vano, como destacó, el «factor tiempo» es muy importante a la hora de hacer frente a una enfermedad. Y la situación no mejora con el diagnóstico, que se vive con angustia, por cómo recibirán la noticia los allegados; y miedo, por tener que afrontar la enfermedad solo en una celda, sin ayuda en caso de quedar inconsciente.

López de Abetxuko insistió en que es hora de que esta situación cambie, ya que «no se concibe que no sean puestos en libertad para que puedan ser tratados en un entorno de confianza». «Al igual que a los mayores de 70 años, se les impide vivir y se les condena a una muerte segura», añadió, tras recordar que «son nuevos tiempos» y que lo que se pide no es nada que no esté en el ordenamiento jurídico.

«Derechos de los demás»

Esta idea fue compartida por Sare, que al inicio de la charla leyó un comunicado en respuesta a la presión ejercida por partidos y cargos institucionales del Estado español para impedir la charla. Inaxio Oiartzabal consideró «el llamamiento al boicot» como «una forma grave de impedir el derecho a la libertad de expresión y puede dar lugar a confrontaciones y enfrentamientos que siempre tratamos de evitar».

Algunos de ellos, varios cargos del PP, con el ex delegado del Gobierno español Carlos Urquijo al frente, se concentraron en el exterior, una movilización que el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación de Lakua, Jonan Fernández, situó en «el marco de la libertad de expresión».

«Entiendo la polémica porque nuestro pasado reciente es muy cercano y porque las heridas todavía duelen y las cicatrices están ahí», afirmó en declaraciones a Radio Vitoria. Insistió en que «las heridas están ahí. Aquello que hagamos tiene que tener en cuenta los derechos de los demás, las heridas de los demás y tratar de avanzar en confluencia de derechos, no en colisión» en referencia a la charla.

Aseguró que la «temática» de los presos enfermos está «en el debate de la opinión pública y en los medios de comunicación» y puede «plantearse en cualquier momento», pero cuestionó «el formato», que fuera quien ha visto vulnerados sus derechos en prisión quien lo contara.

Etxerat pone en evidencia unas políticas que vulneran los DDHH

«La persistencia en el Estado español de una excepcionalidad antiterrorista que ha invadido la actuación policial, penal y penitenciaria y que a día de hoy persiste sin ninguna expresión de violencia política que podría servirle de excusa» es el hilo conductor de las alegaciones presentadas por los colectivos vascos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, según explicó en Ginebra, Begoña Atxa, de Sare.

Allí estuvieron también representantes de Etxerat, Asociación de Abogados Eskubideak, Eleak-Libre Mugimendua y Behatokia, además de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Institut de Drets Humans de Catalunya, Col.lectiu Praga de Professors de Dret, Grup de Periodistes Ramon Barnils y la eurodiputada del BNG Ana Miranda.

Atxa recordó que la política de dispersión tiene efectos negativos en las familias de los presos y que «no tiene base legal, siendo contraria a la normativa interna, del Consejo de Europa y de la ONU que abogan por el arraigo del preso y su proximidad a su lugar de origen y entorno familiar».

«Esta política supone una carga física, síquica y económica insostenible para el entorno familiar», explicó Atxa, que recordó que la dispersión se ha cobrado la vida de 16 personas.

Denunció la situación de los presos gravemente enfermos, «que siguiendo la ley penitenciaria ordinaria, deben acceder a la libertad, solución que se niega ilegítimamente».

La representante de Sare no olvidó dar cuenta de las trabas al cómputo de penas ya cumplidas en otros estados, a la aplicación del régimen más duro de los contemplados por la legislación penitenciaria para impedir el acceso a la libertad condicional.GARA

La excepcionalidad aplicada a los prisioneros vascos llega a Ginebra

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Etxerat se movilizó ante los parlamentos de Iruñea y Gasteiz para «reclamar con urgencia el final de la condena impuesta a los familiares y allegados de las y los presos vascos, que continuamos sufriendo las nefastas consecuencias de la dispersión y el alejamiento». La asociación de familiares formó una cadena uniendo sus pañuelos en denuncia de «un Estado español que mantiene la excepcionalidad de su política penitenciaria y que no tiene, por lo tanto, legitimidad para conmemorar esta declaración universal». Reiteró su demanda de que se acabe con una política de alejamiento que ha causado 16 víctimas mortales y que impone a los familiares y allegados de 7 de cada 10 presos vascos en el Estado español viajes de entre 1.200 y 2.200 kilómetros para cada visita. Además, una veintena de prisioneros continúa en la cárcel pese a sufrir enfermedades graves e incurables, y el Estado francés «sigue rechazando la libertad condicional para los presos condenados a perpetuidad».

«En nuestro caso, no se nos garantizan los derechos universales que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos».GARA