GARA
DONOSTIA

Fallece un preso de 41 años por sobredosis en Martutene

Un hombre de 41 años de edad es la última víctima de un sistema carcelario que no preserva la salud ni la vida de las personas bajo custodia del Estado. Dos presos han fallecido en Martutene en apenas un mes.

Instituciones Penitenciarias confirmó ayer a NAIZ la muerte de un preso en la cárcel de Martutene. Al parecer, se trata de un hombre de 41 años que habría fallecido por una sobredosis. Según había informado la asociación de trabajadores de prisiones “Tu abandono me puede matar”, fue hallado sin vida durante el recuento. Esa asociación ya alertó el mes pasado de otro fallecimiento en la prisión donostiarra. En ese caso se catalogó como «muerte natural», si es que se puede utilizar tal calificativo para cualquier fallecimiento en una cárcel.

No hay que olvidar, en este sentido, que las personas encarceladas se encuentran bajo custodia de la Administración, que debería velar por su salud y preservarle de cualquier riesgo.

146 fallecidos, cinco en Zaballa

Sin embargo, tal cosa no ocurre. Como informaba este diario en un reportaje publicado el pasado mes de noviembre, el artículo 4 del Reglamento Penitenciario del Estado español señala que «la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las prestaciones públicas». Sin embargo, los 146 presos fallecidos en los once meses anteriores a esa fecha en cárceles estatales, según datos de la misma asociación que ha informado de la muerte de Martutene, indican que ese precepto no se cumple. Y si el Estado español presume sobre el papel de una legislación garantista, que salvaguarda los derechos de cerca de 60.000 hombres y mujeres que están encerrados, los datos ponen de manifiesto lo contrario: los agujeros de un sistema que encarcela a personas gravemente enfermas, personas con cáncer, sida, drogodependencia o patologías siquiátricas, que van engrosando la lista de presos muertos.

Cinco de esos fallecimientos se produjeron en la cárcel alavesa de Zaballa. El 16 de enero de 2019 murió un preso por una posible sobredosis; el 7 de febrero se informó de un suicidio en aislamiento; el 1 de abril de un ahorcamiento; el día 25 de ese mismo mes de una muerte por «causas sin determinar»; y el 19 de setiembre se notificó el último hecho luctuoso, otra muerte provocada por una posible sobredosis.

Una trágica lista de muertes bajo custodia del Estado ha suscitado el enfado de asociaciones como Salhaketa, que en numerosas ocasiones ha mostrado su preocupación por «la nula iniciativa de actuación» por parte de las autoridades políticas y judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes.

Algo «inaceptable», sobre todo «cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente». Según señalaba en el citado reportaje, es necesario que la Fiscalía «no se inhiba» e investigue de oficio las muertes en prisión; y que se desarrollen medidas de sustitución en fase procesal, así como que el Gobierno de Lakua y Osakidetza «actúen en consecuencia y ejecuten las competencias en materia sanitaria en las cárceles».