Aritz INTXUSTA
«desjudicialización» en catalunya

La Fiscalía también duda sobre cómo la JEC inhabilitó a Quim Torra

La Fiscalía rebaja la presión sobre el president Quim Torra y no se opone a la medida cautelar para que se estudie en profundidad la inhabilitación como diputado que determinó la JEC.

La operación contra Torra urdida por PP, Ciudadanos y Vox a través de la Junta Electoral Central se enrevesa un poco más. En un claro gesto de distensión, la Fiscalía no se ha opuesto a la petición de la defensa del president para que se estudie el alcance de su inhabilitación como diputado que, por otro lado, es independiente de su condición como líder de la Generalitat. Todo ello, mientras el independentismo catalán ha demostrado su capacidad para cerrarse en piña en defensa de Torra.

El nivel de judicialización es tal que cuesta aclararse. El 3 de enero, una JEC partida en dos mitades, decidió por un único voto de diferencia que Torra debía perder su condición de diputado. Esto suponía –tal y como indicaron los jueces que se opusieron en su voto particular– cambiar la doctrina mantenida hasta ahora por este organismo, que había fallado en casos casi idénticos (aunque a nivel municipal) de modo diferente. Según este voto particular, la decisión de la inhabilitación se le escapa a la JEC desde que Torra tomó posesión de su cargo.

El argumento principal que esgrime ahora la Fiscalía es el de la prudencia. El Supremo no se avino a suspender de urgencia la inhabilitación de Torra, pero sí que admitió tramitar de forma ordinaria la petición de la defensa. Por eso, el Ministerio Público recomienda esperar a que mueva ficha el TS.

Tiempo muerto para todos

Todo esto tiene un aire de fuego de artificio, ya que el alcance de la decisión de la JEC es muy limitado. Torra perdería su condición de diputado, pero no la de president, al no estar ligado el uno con el otro. Asimismo, el reloj corre a favor de los intereses políticos de todas las partes.

La Fiscalía, de un lado, previene un varapalo del TS en caso de que falle en favor de Torra y, del otro, da empaque a las negociaciones que ha decidido iniciar el presidente español con Torra.

En el lado del independentismo, este ganar tiempo da legitimidad a la postura de Torra y dota de seriedad a los acuerdos para sentarse a hablar que ERC arrancó al PSOE en su pacto para la investidura de Sánchez.

El pasar de los días, asimismo, favorece al estamento judicial. La «inhabilitación sobrevenida» es una posibilidad muy particular cuya activación sin sentencia firme en este caso está cogida por los pelos, como se vio en la votación que se produjo en la propia JEC. Como, además, la medida no tendría efectividad práctica, ya que seguiría como president, daría una imagen de debilidad. Por contra, más temprano que tarde, el Supremo podría convertir en firme la inhabilitación, y eso sí que impediría a Torra ser president.

En el momento en el que llegue esta inhabilitación (salvo enorme sorpresa), sí que se abrirá una crisis que casi es seguro que se resolverá con unas nuevas elecciones en Catalunya. Y esto, nuevamente, desatará un cambio de escenario.

 

Seis presos políticos saldrán de la cárcel para acudir al Parlament

La Conselleria de Justicia de la Generalitat autorizó ayer la comparecencia el 28 de enero de los dirigentes independentistas encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn en la comisión de investigación del 155 en el Parlament. La comisión tiene por objetivo analizar los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, así como las causas que la motivaron, su adecuación a la legalidad, el carácter de las medidas adoptadas y la valoración de posibles daños y responsabilidades al aplicarlo. Cabe recordar aquí que Jordi Cuixart accedió a su primer permiso el jueves. GARA