El Tribunal Supremo confirmó ayer la retirada del acta de diputado al president, Quim Torra, tras un intenso debate entre los cinco magistrados que estudiaron la petición de la defensa, respaldada por la Fiscalía, para que quedara en suspenso la ejecución de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero.

Apenas unas horas después de recibir el espaldarazo del Alto Tribunal español, el órgano electoral se dirigió al presidente del Parlament, Roger Torrent, para pedirle que, «de forma inmediata» diera cumplimiento a su acuerdo del 3 de enero. La Cámara tiene previsto celebrar un pleno el próximo lunes, si bien está por ver qué ocurra.

En un análisis preliminar, ya que todavía queda pendiente la resolución sobre el fondo de la cuestión, los magistrados del Supremo estiman que el órgano electoral, de carácter administrativo, era competente para actuar y «debía» hacerlo después de que Torra fuera condenado a año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en campaña electoral, y de que PP, Ciudadanos y Vox reclamaran que se ejecutara esa sentencia, aún no firme.

La propia Sala emitió una nota explicativa de su resolución donde justificaba su decisión.

«Consideramos que el interés general que debe prevalecer es ahora el que está presente en la sentencia condenatoria», destacó el TS, que señaló que los argumentos del president para pedir la medida cautelar se refieren principalmente al fondo del asunto –aseguró no lo prejuzga– y han de ser afrontados en la sentencia que se dicte en su momento.

La JEC aplicó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece la incompatibilidad sobrevenida, aún sin sentencia firme, tras una condena de inhabilitación por un delito contra la administración pública, «lo que tiene fundamento en la necesidad de que todos los gestores públicos gocen de la confianza y el respeto de los ciudadanos», subrayaron los magistrados Luis María Díez-Picazo, Jorge Rodríguez-Zapata, Pablo Lucas, Celsa Pico y José Luis Requero.

En su auto, de 20 páginas, concluyeron que acceder a la suspensión cautelar que reclamaba la defensa del president Torra, y que compartía la Fiscalía, supondría no aplicar «preceptos legales vinculantes de cuya regularidad constitucional no hemos dudado y a los que todos los poderes públicos estamos vinculados».

Apuntaron que no es la JEC la que priva a Torra de su escaño de diputado en el Parlament, sino una condena y su aplicación según la LOREG, cuya constitucionalidad el Supremo no cuestiona «en este momento».

Los magistrados acogieron así las alegaciones de los letrados de las Cortes, en defensa de la JEC, y se apartaron del criterio del fiscal, que planteó dudas sobre la competencia del órgano electoral, recordó la seria división en su seno y pidió dejar sin efecto su acuerdo.

Torra alegó que el órgano competente para decidir sobre su escaño es el Parlament, pero la Sala destacó el carácter orgánico de la LOREG y estimó que es la ley «aplicable aquí», siempre a partir de un examen preliminar y cautelar .

No estiman «daño irreparable»

El jefe del Ejecutivo catalán también argumentó que si se le retiraba la credencial se generaría un daño irreparable, pero los magistrados señalaron que, en caso de que finalmente le dieran la razón, no habría problemas para devolverle el acta.

Los jueces, que impusieron a Torra el pago de las costas (600 euros), se mostraron tajantes al rechazar sus quejas sobre la actuación «intempestiva, sesgada, indebida o parcial» de la JEC, críticas que consideraron «claramente inconsistentes», alertando de una extralimitación en el derecho a la defensa.

Torra: «Nada ha cambiado»

En una breve comparecencia en Girona, donde vio in situ los estragos de la borrasca Gloria, Torra remarcó que «nada ha cambiado» tras la resolución del Tribunal Supremo y afirmó que sigue siendo diputado del Parlament y president.

«Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás», reiteró, además de recordar que el pasado 4 de enero el Parlament le ratificó como jefe del Govern en un pleno extraordinario celebrado tras la decisión de la JEC.

Las vulneraciones de derechos en el Estado, a examen en la ONU

Reformar la denominada Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como «ley mordaza», la situación en Catalunya y la represión contra el 1-O, o mejorar el trato a las personas migrantes fueron algunas de las peticiones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lanzó a las autoridades españolas en el Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió el miércoles ante este órgano.

En el examen, que cubría el periodo 2015-2019, la delegación española, encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, se esforzó en tratar de poner el acento sobre las mejoras experimentadas en el Estado en materia de derechos humanos y respondió a las peticiones de más de un centenar de países miembros de Naciones Unidas sobre temas de lo más diversos.

El abogado suizo Olivier Peter valoró que en el examen «casi veinte estados denunciaron la vulneración de los derechos civiles y políticos en el Estado español, en particular en referencia con la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión». Aseguró que esas denuncias «están relacionadas con la situación política catalana y la represión contra el movimiento social, en particular el independentista».

Entre las recomendaciones destacaron las de delegaciones como la italiana, que pidió al Estado español «garantizar la libre expresión y reunión, e investigar el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad», o la de Canadá, cuyo representante sugirió revisar delitos como el de injurias a la Corona.

Suiza, por su parte, aseguró que «para España el pasado franquista continúa siendo un desafío» y recomendó «garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación», al tiempo que pidió reformar la «ley mordaza», «incluyendo protocolos de buenas prácticas a las fuerzas del orden».

La migración también fue otro de los temas más mencionados y, por ejemplo, Rusia lamentó la «violación sistemática de derechos» y pidió que se «deje de utilizar la repatriación forzosa».GARA

El juicio de extradición de Ponsatí, fijado para el 11 de mayo

El juicio de extradición de la exconsellera Clara Ponsatí se iniciará previsiblemente el 11 de mayo en Edimburgo. En una vista preliminar celebrada en la capital escocesa, el juez Nigel Ross puso fecha juicio, aunque todo puede cambiar si Ponsatí ocupa uno de los escaños europeos una vez se haga efectivo el Brexit el próximo 31 de enero. Su abogado, Aamer Anwar, destacó que «tendrá inmunidad» al ocupar su escaño. De momento, ayer la JEC la citó el martes para acatar la Constitución en Madrid, algo que el TJUE ya señaló que no resulta necesario. GARA