El artículo 155, con el cual el Gobierno del PP disolvió el Parlament y destituyó al Ejecutivo de Carles Puigdemont en octubre de 2017, «fue desbastador en todos los aspectos». Con estas palabras definió Josep Rull la medida que el Estado adoptó después de la declaración de independencia aprobada en Catalunya tras el referéndum del 1-O.

Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad en esa etapa, explicó que, en su departamento, la primera medida fue suspender la ley contra el cambio climático que se había empezado a desarrollar y que más tarde el Tribunal Constitucional se encargó de anular por completo.

Las palabras de Rull se unieron a las que trasladaron el resto de dirigentes presos que ayer comparecieron ante la comisión que investiga los efectos del artículo 155: el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

Todos llegaron al Parlament custodiados por coches blindados y bajo unas medidas de seguridad extraordinarias. Desde primera hora de la mañana, el Parc de la Ciutadella quedó acordonado por antidisturbios de los Mossos, que sólo permitieron la entrada a las personas acreditadas, dejando fuera del recinto al millar de manifestantes que mostraban su apoyo a los líderes encarcelados.

«Pulsión antidemocrática»

En una atmósfera marcada por las emociones, la sesión empezó con la comparecencia de Junqueras, que en un tono sereno y pedagógico, examinó el enorme alcance que el 155 ha tenido sobre la vida política y social de Catalunya. Junqueras atribuyó su aplicación a la «pulsión antidemocrática» que emerge en el Estado español cuando hay un proyecto democrático que plantea la autodeterminación.

Para el que fuera vicepresidente del Gobierno Puigdemont, «el 155 sólo sirvió para frenar las políticas que impulsaba el Govern», en alusión a las leyes destinadas a implementar la Renta Mínima Garantizada o a evitar los desahucios. «Perjudicó los intereses y las necesidades de toda la población, a la vez que daba rienda suelta a una represión que aún continúa afectando a centenares de cargos políticos y activistas», añadió.

Pese al actual contexto, Junqueras manifestó que «estamos más convencidos que nunca de lograr un Estado propio que garantice una mayor calidad de vida a la ciudadanía». Una voluntad avalada por el hecho de que, «mientras el independentismo ha ganado apoyo en las sucesivas elecciones celebradas desde entonces, los partidos que apostaban por el 155 han ido perdiendo peso». Puso nombres y apellidos: «Los que defendieron con más entusiasmo aquella medida, como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o Albert Rivera, ya no están. Yo, en cambio, sigo».

En medio de anécdotas sobre su estancia en prisión, Junqueras instó a mantener intacta la bandera del diálogo –en alusión a la mesa creada recientemente entre los gobiernos español y catalán–, a la vez que insufló ánimo a los presentes con dos frases que ya forman parte del imaginario soberanista: «La prisión es un paso más en el camino hacia la libertad» y «cuando nosotros no tenemos miedo, ellos ya no tienen poder». Solo Ciudadanos optó por encararse a Junqueras, y en un acto insólito en la historia de las comisiones parlamentarias, sus representantes se retiraron sin querer escuchar las respuestas del líder republicano.

La teoría del rellano

Después de Junqueras desfilaron el resto de exconsejeros encarcelados. Cada uno se detuvo en el impacto que el 155 generó en el funcionamiento de las estructuras políticas y los proyectos que eran de su competencia.

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos y Relaciones Exteriores y Transparencia, recordó la parálisis que supuso para la acción en el extranjero y las políticas de recuperación de la memoria histórica; Joaquim Forn, exconsejero de Interior, denunció que «los Mossos vieron restringido su papel como policía integral y quedaron afectadas las campañas de prevención de incendios y otras iniciativas que la consejería tenía en marcha». También la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, mencionó el perjuicio que el 155 causó a los programas que su departamento desplegaba en materia de ayuda a la dependencia y derechos laborales.

De todas las comparecencias sobresalió especialmente la de Jordi Turull, que en calidad de exconsejero de la Presidencia, calificó el 155 de bypass para la historia de Catalunya. A su entender, con la aplicación de este artículo el Estado ha mostrado su fracaso como sistema democrático, ya que «de intervenir las finanzas de la Generalitat pasó a intervenir directamente la voluntad popular expresada en las urnas». Turull, que reprochó la cobardía de Cs al abandonar la comisión, advirtió de que el 155 continuará en Catalunya mientras la sociedad se reafirme en su anhelo independentista. Por ello, exhortó a las fuerzas soberanistas a trabajar por la unidad.

Se refirió a la “teoría del rellano”, como ese espacio donde, según él, todas las sensibilidades pueden encontrarse y avanzar. «Aparquemos el orgullo, recuperemos la confianza y la unidad, porque haciéndolo juntos, lo haremos posible», concluyó.

 

El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones al Govern de Puigdemont

El titular acostumbraba a ser el contrario; es decir, lo normal era que la Fiscalía llevase a los tribunales lo que considerara un posible delito. La reforma del Tribunal Constitucional aprobada por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2015, sin embargo, invirtió en cierta manera los términos, y otorgó al TC –órgano supremo ajeno al resto del Poder Judicial– la facultad de denunciar ante la Fiscalía posibles desacatos a sus sentencias.

El Constitucional hizo ayer uso de esta facultad por partida triple, siempre con la Mesa del Parlament en el punto de mira. Concretamente, el pleno del tribunal acordó, por unanimidad, anular los acuerdos de la Mesa presidida por Roger Torrent que dieron cauce a propuestas de resolución parlamentaria que tenían que ver con reivindicar el derecho a la autodeterminación, la independencia, y la reprobación de la Monarquía española. Se trata de las resoluciones debatidas en el Parlament los días 22 de y 29 de octubre, con las que los partidos independentistas quisieron dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes catalanes, publicada el 14 de octubre. El TC decidió, además, en los tres autos dados a conocer, «deducir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal para que proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder» a Torrent y a los miembros de la Mesa de JxCat, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós.

Cabe subrayar que el TC ni siquiera se pronuncia sobre la aprobación de las resoluciones parlamentarias; lo que hace es anular la decisión de la Mesa de tramitar las propuestas realizadas por los Grupos Parlamentarios; no es que el Parlament, por decirlo así, no pueda votar en contra de la Monarquía, es que, según el TC no puede ni siquiera debatir sobre ella. El Constitucional lo hace entendiendo que aquellas propuestas de resolución contravienen una sentencia anterior del propio tribunal, motivo por el cual pide actuar a la Fiscalía.GARA

 

El Constitucional lleva a la Fiscalía a la Mesa del Parlament por la resolución post-sentencia

Igual que ocurrió con la consulta del 9N, no parece que el periplo judicial del 1-O vaya a concluir con el proceso penal. En un carril paralelo, el Estado busca el castigo económico a través del Tribunal de Cuentas, que ayer cifró en 4,1 millones de euros el gasto del referéndum del 1 de octubre. Y hace responsable de ese gasto al entonces president, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, los consellers del Govern y varios altos cargos de la Generalitat. En total, serán 29 las personas que tendrán que hacer frente al montante final, que podría variar tras la celebración del juicio. De momento se ha abierto un plazo para que las defensas hagan alegaciones, tras la cual se fijará la cuantía de la fianza que los acusados estarán obligados a abonar. Si no lo hacen, comenzará el proceso de embargo de bienes. De ahí que los afectados llamasen ayer a colaborar con la caja de solidaridad.

El Tribunal de Cuentas –que ya condenó a Mas a pagar casi cinco millones por el 9N– la petición de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución de imputarles también el coste de 87 millones de euros que tuvo la “Operación Copérnico”, en el marco de la cual se trasladaron a Catalunya miles de policías y guardias civiles.GARA