Llegado el día de la paralización de la actividad no esencial que se veía venir solo con mirar en el espejo italiano, el Gobierno Urkullu sigue quemando todas sus naves en una batalla perdida en términos sanitarios, humanitarios y también políticos.

El lehendakari de la CAV llegó a la reunión de mandatarios autonómicos con una carta al presidente español que decidió hacer pública. Pese a que los sectores exentos estaban claramente anticipados ya en el borrador que circuló el sábado, en ella insinuaba que el parón puede afectar a la industria alimenticia o a la que debe proveer a los sanitarios. Tras ello, planteaba a Pedro Sánchez que fueran las autonomías quienes decidieran qué abría hoy y qué no, algo que el líder español rechazó, a todas luces receloso de que Urkullu pudiera saltarse la medida.

Tras la reunión, el Gobierno de Gasteiz todavía hizo otra pirueta exigiendo al estatal que le aclare con un listado exhaustivo a qué se refiere la paralización. Y aquí Urkullu pasó el testigo a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que alzó la voz para señalar que «no puede ser que ni la Administración pública vasca, ni el conjunto de empresas y miles de personas trabajadoras, estén teniendo que interpretar los borradores filtrados por Moncloa». Antes, en la Cadena Ser, Tapia ya había dejado la enésima prueba de su simbiosis con el empresariado al señalar que le estaban llamando al móvil insistentemente para pedirle aclaraciones que ella no podía dar. Con todo, el titular fue otro: Tapia llegó a decir que con un cierre total la crisis económica puede acabar siendo peor que la sanitaria.

En lo político, Urkullu terminó la reunión alineado en sus críticas con presidentes como el del «trifachito» andaluz, Juan Manuel Moreno, que también tildó el cierre de precipitado e impreciso.