Cuenta la historia que durante el siglo XIX las familias ricas europeas estaban encantadas con las guerras, especialmente las que se combatían más allá de sus fronteras. Sí, preferían ganarlas, pero incluso eso era secundario frente a las dos grandes ventajas de una buena guerra.

Por un lado se legitimaba su régimen, la unidad nacional detrás de las instituciones, el orden, la militarización del pensamiento y los vítores a policías y fuerzas armadas, las canciones patrióticas y el desprecio del discrepante...

Y lo más importante, las guerras se financiaban con emisiones masivas de deuda pública que, en un contexto de muy baja inflación y sacralización de la propiedad privada, producían unos jugosos dividendos a las clases dominantes. Y para cerrar el círculo, los fondos para pagar esos intereses provenían principalmente de tasas e impuestos indirectos, a cargo de esa y las generaciones posteriores.

Tras la Primera Guerra Mundial las cosas cambiaron. Subieron los impuestos, aumentó la inflación (los bonos de guerra perdieron valor) se conquistaron muchos derechos sociales (sanidad, enseñanza, jubilación, paro...). Y después de la segunda fueron aún peor (para ellos). Se asentó el keynesianismo y se expandió el estado del bienestar, subieron los impuestos sobre la renta y hasta aparecieron otros sobre la propiedad total.

Pero el triunfo de la globalización y el cretinismo neoliberal de la UE hicieron que esta volviese a la casilla de salida del siglo XIX. Si esta vez están más preocupados es porque las bajas del virus son más democráticas, se mueren hasta las ricas y los famosos.

Y aquí estamos en eso. Centralismo rancio, militarismo rampante (solo le falta al Gobierno dar vivas al ejército y a la guardia civil), «estamos en guerra», prietas las filas con el pavisoso y otros dirigentes regionalistas, insultos al discrepante (Torra)...

En cuanto al gasto directo de 17.000 millones y a los 100.000 millones empleados en cubrirle la espalda a la banca (curiosa la diferencia) ya se habla de un crédito sindicado. Pero si hasta Trump ya se dedica a fabricar billetes y tirarlos desde el helicóptero (abrir y tapar zanjas debilita el confinamiento), haciendo suya la cínica frase de los neoliberales más lúcidos: «todos somos keynesianos en las trincheras». Mientras, los gobiernos de la UE, ya se sabe, en la derecha económica extrema y ya pagaremos nosotros y nuestros descendientes los intereses a los poderes financieros de siempre.

¿Hay otro camino? Claro. ¿Para qué sirve el estado de alarma? Dado que los impuestos que menos debilitan la actividad económica son los que recaen sobre la propiedad, urge establecer un impuesto extraordinario sobre la propiedad total de personas físicas y jurídicas. Y sin agujeros como el escudo fiscal o no contabilizar las participaciones empresariales. Los tipos a las personas físicas podrían ir desde el 1% a partir del millón de euros hasta el 5% a partir de 5 millones. A las jurídicas, por su patrimonio neto en el Estado cuando sea superior a 5 millones, el 1% a las entidades «sin ánimo de lucro» y el 5% a las empresas, que podrían pagarlo en acciones. Con mecanismos para evitar la doble imposición entre empresas y particulares. Es importante gravar también a las personas jurídicas para evitar que medren las multinacionales y los residentes en paraísos fiscales o similares. Además, si pagan en acciones, se dificultará la entrada de tiburones al espacio económico.

Este impuesto se podría recaudar en tres o seis meses y debería implantarse en todo el Estado para evitar más dumpings fiscales. Y plantarse en Bruselas para que esto forme parte de la ortodoxia de la zona euro frente al modelo suicida que impulsan ahora.