A partir de las nueve de la mañana de este 5 de abril, un total de 1.788.719 personas estaban llamadas a votar en un total de 2.593 mesas distribuidas en locales. Sin embargo, durante todo el día de hoy la mayoría de esas personas están obligadas a permanecer confinadas en sus casas con la única posibilidad de salir para comprar el pan, el periódico, ir a una farmacia que esté abierta o pasear al perro.

Evidentemente, en estas condiciones es imposible celebrar unas elecciones, aunque hubo quien se resistió a aceptar la realidad. Pero finalmente, ésta se impuso. El problema es que la suspensión de las elecciones sin fecha todavía para su nueva convocatoria, ha dejado al Parlamento en una situación para la que no hay previsión legal, a la oposición sin poder ejercer su misión reglamentaria de controlar al Gobierno y al conjunto de la Cámara sin capacidad para cumplir con su obligación de buscar acuerdos para afrontar de manera conjunta esta crisis. Aunque, visto lo visto, tampoco el Ejecutivo de Urkullu, o mejor dicho el PNV, tiene intención alguna de buscar esos consensos, en ocasiones ni con sus socios del PSE.

El 10 de febrero, Iñigo Urkullu anunciaba para el 5 de abril unas elecciones que cumpliendo los plazos debían celebrarse en otoño. Aunque se daba por hecho su adelanto, se hablaba inicialmente de finales de mayo o junio, pero se empezó a especular con que la Generalitat catalana podría hacer también una convocatoria por esas fechas, con lo que al lehendakari le entraron las prisas.

Los grupo de la oposición tacharon el movimiento de partidista, puesto que el Gobierno de Urkullu se había garantizado un año de estabilidad con el acuerdo presupuestario alcanzado con Elkarrekin Podemos, en cuya letra pequeña se incluía que la formación morada no podía apoyar en el Parlamento ninguna propuesta de otro grupo que alterara las cuentas.

Sin embargo, el lehendakari tenía otra versión que, como casi siempre últimamente, pasaba por echar la culpa a los demás. Según afirmó, «el clima electoral se ha instalado en Euskadi» y la «dinámica iniciada» en la Cámara autonómica impedía la aprobación de leyes. Resulta difícil encontrar cambios políticos entre ese día de febrero y cuando en diciembre rechazaba el adelanto electoral diciendo que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Además, Lander Martínez aseguró que en días anteriores había ofrecido a Iñigo Urkullu la aprobación de varios de los proyectos de ley en trámite parlamentario, lo que fue rechazado por los jeltzales.

Se cerraba de esta manera el mandato del Gobierno que menos leyes ha aprobado en los cuarenta años de vida del Parlamento autonómico. Y se iniciaban los movimientos preelectorales, que trajeron dos sorpresas: el descabalgamiento de Alfonso Alonso como candidato de PP y su sustitución por Carlos Iturgaiz desde la dirección española del partido; y que Miren Gorrotxategi ganara las primarias de Podemos venciendo al tándem Rosa Martínez-Lander Martínez, provocando la dimisión de toda la dirección morada. En el resto de partidos no hubo sorpresas. Las elecciones estaban en marcha hasta que un «bicho» que ya estaba dando guerra en China se cruzó en nuestros caminos.

El 10 de marzo, cuanto todos los centros educativos de Araba ya estaban cerrados y se intuía que pronto le seguirían el resto de territorios, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, aseguró tras la reunión del Consejo de Gobierno que «la suspensión de las elecciones no está sobre la mesa». Y añadió que sería «absolutamente precipitado hacer una consideración, y menos pública, en relación con lo que puede ser el desarrollo de las elecciones que están programadas para dentro de un mes».

Ese mismo día, como desvela el director de GARA, Iñaki Soto, en el comentario publicado en estas páginas, el lehendakari no era partidario tampoco de aplazar la convocatoria, aunque ahora diga que ya preveía que el pico del Covid-19 se iba a producir en estas fechas.

Es difícil siquiera intuir qué cálculos hacía el PNV para querer mantener los comicios a pesar de la situación. Fuentes jeltzales hicieron aquellos días declaraciones defendiendo la necesidad de la constitución de un gobierno fuerte que pudiera liderar la gestión de la crisis sanitaria y económica y la posterior fase de recuperación.

Ese mismo 10 de marzo, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ya hablaba en una rueda de prensa de la conveniencia de posponer los comicios y, además de las cuestiones sanitarias, aseguraba que «no es momento de competir, sino de colaborar».

Dos días después, el 12 de marzo, EH Bildu era la primera fuerza política en suspender toda su campaña electoral. Otros partidos, como PSE, PP y Elkarrekin Podemos, anunciaban después que aparcaban los actos de precampaña. Desde Lehendakaritza, por su parte, se informaba de que Iñigo Urkullu había convocado a los partidos a una reunión el 16 de marzo para abordar la cuestión electoral.

Desde Ajuria Enea no solo se lanzaban mensajes contradictorios sobre qué hacer con las elecciones, sino también quién debía hacerlo. El lehendakari declaró inicialmente que la decisión de posponer los comicios correspondía a la Junta Electoral Central, que nunca se pronunció al respecto. La Junta Electoral autonómica se desentendía del tema.

El 13 de marzo el lehendakari declaró la emergencia sanitaria, aunque todavía sin muchas concreciones. Fue al día siguiente cuando anunció el cierre de la hostelería y otras medidas de distanciamiento personal. Pero ese mismo 14 de marzo la noticia fue que el Gobierno español declaró el Estado de Alarma y el confinamiento de millones de personas a partir del lunes.

Ese lunes 16, Urkullu y los partidos acordaban que en esa situación no se podían celebrar las elecciones. Mediante un decreto del lehendakari se dejó sin efecto la convocatoria del 5 de abril, y se decidió que se reactivaría una vez levantado el Estado de Emergencia Sanitaria, también por un decreto del lehendakari, «oídos los partidos».

Se abría así una situación sin precedentes: ni hay elecciones ni hay Parlamento. Es más, de hecho la Cámara y sus instalaciones están cerradas por la emergencia sanitaria. Mientras otros legislativo, como el Parlamento navarro, el Congreso y el Senado mantienen cierta actividad presencial, el de Gasteiz está totalmente cerrado y solo se trabaja por videoconferencias.

En una situación de crisis como la actual y tras la suspensión de las elecciones, el Gobierno no tiene ningún contrapeso de control. Los grupos de la oposición han pedido que, debido a la excepcionalidad del momento, se arbitren fórmulas para dotar de mayores competencias a la Diputación Permanente, que es el órgano que se mantiene vigente entre la disolución de la Cámara y la constitución de una nueva.

PNV y PSE, que suman mayoría en la Mesa, ya impidieron, por ejemplo, que el lehendakari compareciera ante la Diputación Permanente para dar explicaciones de su actuación en la crisis y se buscaran medidas de consenso, lo que fue sustituida por una videoconferencia.

Se apoyan en un informe jurídico que recoge que «no es descabellado considerar que, para mantener la necesaria garantía del equilibrio parlamento-gobierno pudiera admitirse el control al Gobierno hasta el día de las elecciones», pero que lo contrarresta con una afirmación ajena al derecho que señala que «no se nos escapa que este ejercicio de control pudiera llevar a utilizar la Diputación Permanente de forma partidista y espuria, para incidir en la batalla electoral»

EH Bildu pidió ayer mismo que igual que disolvió el Parlamento con un decreto, el lehendakari habilite con otro el Parlamento «como órgano de debate y acuerdo, mientras podamos convocar nuevamente las elecciones». Entre tanto, el PNV pretende extender la idea de que toda crítica a la actuación del Gobierno es «deslealtad» y «demagogia», sin buscar ningún acuerdo con nadie.

Se da la paradoja de que tanto el Ejecutivo de Lakua como diputados y senadores jeltzales exigen al Gobierno de Sánchez lo que son incapaces de ofrecer en el Parlamento de Gasteiz, hasta el punto de que el Ejecutivo, con la aquiescencia de la Mesa, está aprovechando la situación de emergencia sanitaria para ni siquiera responder en plazo a las solicitudes de información de la oposición.

Tampoco la prensa está pudiendo ejercer su labor, puesto que las ruedas de prensa telemáticas del Gobierno, tal y como se están haciendo, permiten el control de las preguntas e impiden repreguntar cuando la respuesta se ve insuficiente.

En este contexto, el Gobierno que a partir de hoy debería estar en funciones, en la práctica se convierte en un Ejecutivo con mayoría absoluta y sin ningún control externo.