La propuesta de Lakua anunciada ayer para que sean los centros los que decidan si los alumnos de Bachillerato, FP y cuarto curso de la ESO vuelvan a las aulas a partir del 18 de mayo para terminar el curso de manera presencial ha descolocado todavía más a la comunidad educativa y ha provocado la oposición frontal de todos los sindicatos.

Lo anunciado ha añadido todavía más incertidumbre a una situación que comenzó a gestarse la semana pasada, cuando la consejera de Educación, Cristina Uriarte, reveló su propuesta inicial de que todo el alumnado de esos cursos «críticos» regrese a las aulas de forma obligatoria el lunes. Tras recular y poner la pelota en el tejado de los centros, las preguntas en torno a varias cuestiones se han multiplicado entre profesores, alumnos y familias.

En primer lugar, no se ha explicado en qué criterio sanitario se basan para delegar en los centros una decisión que corresponde al Ejecutivo de Urkullu, con la responsabilidad que ello conlleva. Asimismo, el Departamento de Educación determinó una serie de medidas sanitarias –uso de mascarillas, guardar 1,5 metros entre cada puesto escolar o el cierre de comedores, entre otras– sin consensuarlas con la comunidad educativa.

Los sindicatos han trasladado fórmulas para volver en grupos reducidos, con horarios espaciados y han remarcado la necesidad de negociar un plan de prevención con todos los agentes implicados. Pero las centrales recordaron ayer que el plan presentado por el Gobierno de Lakua «ha sido elaborado a espaldas» y, por tanto, no ha habido un debate serio sobre el asunto.

En este sentido, la gran incógnita gira en torno a las condiciones de seguridad. En una nota conjunta, los sindicatos ELA, LAB, Steilas, UGT y CCOO aseguraron que «hoy por hoy no hay condiciones para poner en marcha el retorno garantizando la salud de trabajadores y alumnos». Entienden que el Departamento de Educación actúa con «una mayor irresponsabilidad» al hacer dejación de sus funciones, ya que le corresponde «recoger y prever en un plan adecuado los criterios concretos, protocolos, las medidas para garantizar la salud y los recursos para llevarlas a cabo, de forma que cada centro pueda llevarlos a cabo en el marco de su autonomía».

Las centrales solicitaron a la Consejería de Educación que «garantice la salud» y que «negocie con los agentes las medidas de retorno». Así, anunciaron que hoy, a las 11.00 horas, se movilizarán ante la sede del Gobierno de Lakua en Bilbo.

No dejar a nadie atrás, en serio

La desigualdad y la brecha generada entre el alumnado en esta crisis es una preocupación compartida dentro de la comunidad educativa. También entre los organismos dedicados a los derechos de los menores. Un informe presentado ayer por Save The Children explica que la educación a distancia ha supuesto que unos estudiantes hayan seguido aprendiendo y otros no, debido a la falta de ordenadores y dispositivos electrónicos, Internet o espacios adecuados para estudiar en casa.

De igual forma, la ONG advierte de que la crisis actual puede aumentar el fracaso y el abandono escolar de niños, niñas y adolescentes en desventaja.

La Federación de Ikastolas comparte esta preocupación y plantea que, más que en función de los grupos, se deberían tomar decisiones en función de la situación del alumnado. De este modo, emplazó a planificar un fin de curso centrado en los alumnos perjudicados y tratar así de corregir los desequilibrios que se han producido debido al confinamiento.

Vuelta en la fase 1

Más allá de las cuestiones sustanciales como la seguridad sanitaria y la desigualdad, la decisión de retomar las clases presenciales suscita una serie de preguntas menores sobre, por ejemplo, su aplicación.

La consejera de Salud, Nekane Murga, envió al Gobierno español la propuesta de paso a la fase 1, vigente en principio hasta el 25 de mayo, donde se plantea reactivar la actividad educativa presencial. Sin embargo, en esta fase de la desescalada no se contempla la vuelta a clase. Desde Lakua aseguraron ayer que la posibilidad de volver a clase está recogida en el acuerdo de la prórroga del estado de alarma, por lo que Madrid podría repararlo con un ajuste legal.

Según ha podido saber GARA, entre los directores de institutos, al menos en uno de los tres territorios, se impone la idea de que el 18 de mayo no volverá nadie, destacan la necesidad de protocolos claros y que, en todo caso, la vuelta sea para clases de refuerzo de 4º de la ESO y Bachillerato, y nunca para todos.

La vuelta escalonada a las aulas de alrededor de 90.000 alumnos –el 25 de mayo podrían regresar el resto de escolares– ha suscitado, asimismo, malestar entre todos los sindicatos estudiantiles de Euskal Herria,

Kristau Eskola, la principal asociación de colegios concertados, también pidió que no se reabran las clases.

Finalmente, el Departamento de Educación de Lakua ha decidido dar a cada centro educativo libertad para decidir cómo terminar un curso que, en el caso de la ESO, finaliza el 11 de junio, por lo que el regreso del alumnado sería para doce días.

 

Consenso en Nafarroa, donde no se plantea la vuelta en la fase 1

Al contrario que en la CAV, el consenso prima en Nafarroa ante la posibilidad de un retorno parcial a las aulas. La mayoría de grupos coincidió el lunes en compartir el criterio del Consejo Escolar de Nafarroa de que en este curso ya no se retome la actividad presencial en los centros educativos del herrialde.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, señaló que no es «partidaria de volver a las aulas ni de hacerlo de cualquier manera ni en cualquier situación». Además, afirmó que «ahora el reto fundamental es preparar la vuelta del curso que viene». En esa misma línea, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, pidió al Gobierno navarro que «centre los esfuerzos en preparar con todo el rigor y todas las garantías la vuelta al curso escolar en setiembre».

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, afirmó que «lo primero es la seguridad de los niños y de las familias», mientras que el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, aseguró que se «escucha» al Consejo Escolar porque «es una referencia en todas las cuestiones educativas».

El Ejecutivo navarro señaló, por su parte, que el retorno parcial a las aulas para determinados niveles sería «en todo caso voluntario para las familias y el alumnado» y añadió que esta decisión «está supeditada al cumplimiento estricto de los criterios sanitarios» y que está siendo objeto de consulta con los diferentes agentes educativos del herrialde.

En este sentido, Sortzen considera «muy importante» «diseñar bien un final de curso y un nuevo curso que ponga al alumno en el centro y satisfaga sus necesidades». Para ello, asignar más recursos: «Más profesorado y educadores, reducir ratios, ampliar espacios, trabajar nuevas metodologías, el tiempo de ocio en euskara y un largo etcétera». Todo ello refleja, a juicio de Sortzen, la necesidad de un presupuesto mayor en educación.I.A.