Iñaki IRIONDO
PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS

¿Para cuándo el debate sobre a dónde dirigir los recursos y de dónde obtenerlos?

El alivio de la emergencia sanitaria está llevando el debate político y mediático a terrenos que no parecen los más apremiantes en estos momentos y que desvían la atención sobre lo importante y urgente.

Afortunadamente, los datos de la tragedia sanitaria han caído de forma drástica, de momento los nuevos contagios están en números fácilmente rastreables y controlables y cruzamos los dedos para que la bajada de ingresos en la UCI sea la antesala del final de los fallecimientos por covid-19. Gracias a eso podemos entretenernos en si va demasiada gente o no a la playa, como antes lo hicimos con el amontonamiento de niñas, niños y progenitores en las calles y jóvenes y no tan jóvenes en las terrazas. Por ahora, ninguna de estas alarmas mediáticas y ciudadanas que han cumplido ya el plazo epidemiológico de las dos semanas han supuesto un repunte de la enfermedad, y esperemos superar también esta fase 2 sin ningún sobresalto ni marcha atrás.

Sorteada ya desde hace unas semanas la crisis más aguda del sistema sanitario y levantada incluso la declaración de emergencia, cabría esperar que instituciones y partidos estuvieran centrados en asentar las bases de cómo superar la situación actual. Los debates políticos debieran ser hoy la búsqueda de consensos o disensos, es decir, el planteamiento de propuestas y alternativas, sobre cómo preparar nuestro sistema sanitario para una nueva realidad que va a estar marcada por este covid-19 que nos ha llevado a boquear con el agua hasta la barbilla. Hay que afianzar la Sanidad pública, a la que todos los que tienen seguros privados recurren en estos casos.

Otro de los debates urgentes es el de la Educación, no el del final de este curso, que ha sido ya atropellado por la realidad, sino el del inicio del próximo, que se nos va a echar encima. Si van a ser necesarias más aulas con menos alumnos, van a hacer falta también más profesoras y profesores y va a haber que hacer obras de adecuación en los centros educativos. Este martes, el Gobierno de Lakua daba luz verde a subvenciones para la enseñanza concertada, acordadas en enero y febrero, para solventar el problema de la disminución de aulas. Esa es una previsión, basada en el descenso de la natalidad, que quizá no tenga sentido de aquí en adelante. Al igual que solo se pueden entender como un parche la propuesta de la ministra Isabel Celaá de acondicionar bibliotecas, aulas de audiovisuales, salones de actos o gimnasios para poder dar clases, lo que supondría acabar con esos otros espacios necesarios para la educación.

Lamentablemente, el debate político no se está dando en esos términos, sino que las estructuras de poder y los medios que les circundan prefieren desviar la atención hacia otras cuestiones menores, de muy corto plazo, sobre las que los gobernantes pretenden obtener réditos electorales, en ocasionados alimentados por posiciones outsiders.

Junto al refuerzo de la Sanidad pública y el acondicionamiento de la educación, el tercer debate imprescindible en este momento es el de la distribución del presupuesto para procurar la justicia social. Esto afecta no solo al capítulo de gastos, sino también al de ingresos.

En las dos últimas semanas, hemos tenido varias importantes noticias al respecto. A las previsiones de caídas de ingresos, les han seguido distintos acuerdos de fuerzas vascas con el Gobierno español que pueden dar lugar a ciertos alivios presupuestarios que en estos momentos se van a agradecer.

Según los equipos que agrupan a técnicos del Gobierno de Lakua y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el descenso de recaudación de las haciendas forales de la CAV será de entre un 20% y un 22%, lo que supondrá 3.000 o 3.500 millones menos. Esas pérdidas se dividen en un 70% para el Ejecutivo autonómico y el 30% para cada una de las diputaciones y los municipios.

En Nafarroa, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, anunció ante el Parlamento Foral una previsión de caída de los ingresos también del 20%, lo que se traduciría en unos 819 millones menos para las arcas forales.

En el caso de la CAV, el Departamento de Hacienda de Pedro Azpiazu sostiene que la bajada de ingresos puede ser aliviada por lo ahorrado en los últimos tres ejercicios y por la capacidad de sobreendeudamiento.

En Nafarroa, además de confiar en una estructura de producción mejor que la de otras zonas, la consejera Elma Saiz apuntó que «el objetivo del Gobierno de Navarra es tratar de aprovisionarse de todos los fondos posibles a los que podamos tener acceso para hacer frente a los efectos del covid-19, vengan desde donde vengan: Estado, Unión Europea, etc., siempre lógicamente, en el marco del Convenio Económico y defendiendo nuestro autogobierno».

Ante la necesaria búsqueda de mayores ingresos, no deberían descartarse nuevos impuestos, cuando hasta desde la cúpula de la UE se plantean para el ámbito comunitario. Sobre la mesa está la posibilidad de crear una «tasa covid-19» como ha propuesto EH Bildu, y que se anuncia como un recargo «temporal y extraordinaria» para las rentas más altas, tanto en los tramos más elevados del IRPF, el impuesto de sociedades para las empresas que obtengan unos beneficios que superen en el 10% los del ejercicio anterior, un recargo a los más ricos en el Impuesto de Patrimonio y la supresión del llamado «escudo fiscal» para garantizar una verdadera progresividad.

EH Bildu estima que esta tasa podría dar lugar a unos ingresos de entre 300 y 350 millones.

Los acuerdos de EH Bildu y PNV con el Gobierno español de las dos últimas semanas desahogan los límites económicos de las instituciones vascas. El pacto de EH Bildu con PSOE y Unidas Podemos recoge que «las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas dedicadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del covid-19», detallando que «para las entidades locales, estos gastos serán exceptuados de la regla de gasto». Está claro que este dinero debe ir directamente a gasto social originado por la pandemia.

El acuerdo contempla además que «la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras». Esto dota a ambas instituciones de una mayor capacidad de gasto, aunque sin un objetivo finalista.

Y como se ha recogido estos días, el acuerdo del PNV con el Gobierno de Sánchez sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a la CAV y Nafarroa, también supondrá que estas dos instituciones ahorren decenas de millones de su propio presupuesto, que cabría esperar que se volvieran a invertir en gasto social.

A pesar de la gravedad de la situación, la mayoría de los partidos no hincan el diente a estos debates y los Gobiernos se sienten cómodos. Ni siquiera la convocatoria electoral en la CAV ha sacudido a las formaciones políticas. Cualquiera que eche un vistazo de las páginas web de las cinco principales fuerzas a las que se les atribuye posibilidades de obtener escaños en las próximas autonómicas, se verá caminando por un desierto sin propuestas.

PNV, Elkarrekin Podemos y PP no dan cuenta de ningún plan específico, ni tampoco publican todavía un programa electoral que incluya un plan al respecto. El PSE sí tiene expuesto su programa electoral, pero tiene fecha del 5 de marzo, es el redactado para las fallidas elecciones del 5 de abril, y las propuestas, por tanto, son anteriores a la pandemia.

Solo EH Bildu recoge en su web (ehbildu.eus) un «Plan de emergencia de EH Bildu para responder a la crisis del Covid-19». Se trata de un documento de 22 folios, con propuestas para la sanidad, la economía, la RGI, el pequeño comercio, la industria manufacturera, el pequeño comercio, la cultura, los servicios sociales, el sistema educativo y la obtención de recursos públicos y privados.

Al margen del contenido de sus propuestas, que evidentemente son discutibles, lo cierto es que únicamente la formación independentista se ha tomado el trabajo de elaborar un plan global y hacerlo público. Y sin propuestas públicas, el debate