Los recién difundidos papeles de la CIA que confirman la responsabilidad de Felipe González en los GAL llevan a hacerse una pregunta casi automática: ¿Por qué no se desclasifican documentos secretos similares en el Estado español, que podrían ser decisivos para aclarar la guerra sucia en Euskal Herria, como están planteando desde Egiari Zor las propias víctimas? La respuesta reside en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, pero también en los sucesivos consejos de ministros de estas décadas.

El Gobierno Sánchez, con su mayoría parlamentaria, tiene efectivamente una doble llave para arrojar luz sobre hechos negados oficialmente hace décadas; desde los relativos a la guerra del 36 hasta la guerra sucia contra la disidencia vasca de los años 70 u 80 pasando por otros episodios como el golpe de Estado de 1981. Por un lado cabe la derogación o al menos reforma pendiente de esa ley franquista, con la que dice estar comprometido; por otro, sin siquiera cuestionar la ley el propio Consejo de Ministros es la autoridad competente para desclasificar buena parte de esa documentación.

Comenzando por la primera opción, la pervivencia de esa ley franquista es una anomalía total. Lleva, de hecho, la firma de Francisco Franco desde el Palacio del Pardo. Esto lo asume sin complejos incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles: «Pudo tener sentido en otro periodo de tiempo, pero no en una democracia absolutamente consolidada», afirmó el pasado mes de noviembre. Robles apuntó que Pedro Sánchez ya tenía un compromiso al respecto cuando llegó al cargo vía moción de censura en junio de 2018 pero que es ahora, con una mayoría más sólida, cuando «vamos a modificarla».

Una ley de 1968 y sin plazos

En sus fondos y en sus formas, la Ley de Secretos Oficiales es franquismo puro y duro: una cuestión tan sensible se despacha en apenas tres folios, citando como fuente de legitimación al Consejo Nacional del Movimiento, sin establecer plazo de desclasificación alguno y recordando las «penas de máxima severidad» que acarrea su vulneración. La última actualización del texto data de 1978, por lo que está casi intacto, tal y como lo redactaron los mandatarios fascistas.

El PNV ha sido una formación insistente en la demanda de reforma. En febrero pasado interpeló a Sánchez al respecto. Antes, en 2016, presentó una propuesta que estuvo bloqueada dos años y quedó en el limbo al concluir abruptamente la legislatura. En ella se establecían plazos de desclasificación fijos, de 25 años para los documentos calificados secretos y de 10 para las llamadas «materias reservadas», sin excepciones. Por si sirve de pista de cuál es su voluntad actual, en las enmiendas a la propuesta jelkide el PSOE planteó plazos bastante más largos; por ejemplo, consideró que los documentos que ya hubieran cumplido 25 años secretos deberían seguir ocultos 10 más.

Con todo, en buena parte de los casos ni siquiera haría falta cambiar esa vergonzosa ley. Su redacción establece que los documentos secretos pueden ser desclasificados por la misma instancia que decidió ocultarlos en su día: o bien el Consejo de Ministros o bien la Junta de Jefes del Estado Mayor, es decir, Gobierno o Ejército.

Desclasificaciones con trampa

45 años después de la muerte de Franco, lo cierto es que el levantamiento de secretos oficiales por los gobiernos españoles ha sido algo muy puntual y poco trascendente. En la mayoría de los casos se ha producido a petición judicial. Y en algunos otros, por iniciativa del Ejecutivo de turno en función de sus propios intereses.

Especialmente surrealista fue el episodio de cuando el Gobierno Aznar, ya en funciones por haber perdido las elecciones de 2004, desclasificó documentos del Cesid (hoy CNI) sobre la masacre del 11M. Lo hizo apenas una semana después de los atentados de los trenes, cuando lo habitual es dejar pasar décadas. Y lo hizo para «no pasar por mentiroso», queriendo escenificar que si había atribuido a ETA la autoría de la matanza era porque así se lo señalaba el espionaje español.

A la vista queda que hay mucho margen para trampas en todo esto: en ese caso concreto es posible que Aznar levantara el secreto de la documentación que iba en sintonía con su línea argumental y mantuviera escondido el resto. Y siempre cabe la posibilidad de que cuando las cajas se abran... simplemente estén vacías.

La excepción fue Perote

¿Tiene alguna intención el Consejo de Ministros de revelar los documentos que estén en su mano, por ejemplo sobre los GAL? El asunto ni siquiera parece a debate. El silencio sepulcral que ha seguido al levantamiento de estos papeles de la CIA no apunta precisamente a una reflexión, y qué decir de las declaraciones de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. Pero sí es más pertinente que nunca interpelarle por ello.

Resulta significativo que la única vez en que documentos secretos sobre la guerra sucia en Euskal Herria hayan trascendido públicamente y con cierto impacto judicial fuera por una filtración particular y no por una desclasificación oficial. Ocurrió en 1995, cuando empezaron a publicarse los llamados «papeles del Cesid»; 1.200 microfichas sustraídas del actual CNI por un agente despechado llamado Juan Alberto Perote.

Varios jueces reclamaron su desclasificación para poder avanzar en sumarios como el de Lasa-Zabala. Y el de Aznar terminó concediendo el levantamiento del secreto, pero básicamente aquellos documentos que más defendían a los gobiernos de González.

Ojo al dato; algunos papeles acabaron viendo la luz oficialmente pero Perote fue condenado, y por un tribunal militar, a siete años de cárcel por revelación de secretos oficiales.

Sanfermines 78, ensayo fallido

Más cerca en el tiempo, el muro construido por la ley de 1968 y apuntalado por los intereses de Estado que han unido tradicionalmente a PP y PSOE ha quedado de manifiesto en el caso del asalto policial a los Sanfermines de 1978. Ni la insistente demanda de Sanferminak78 Gogoan ni la petición del Parlamento navarro casi por unanimidad han logrado la desclasificación de documentos sobre un asunto de hace ya 42 años, más antiguo que los GAL.

En el Congreso PP, PSOE y Ciudadanos votaron juntos en contra de reclamarlo al Gobierno, en mayo de 2018. Ciertamente todavía estaba Rajoy en La Moncloa, no como ahora.

 

Felipe González, blindado por el PSOE ante la iniciativa de EH Bildu que apoya el PNV

El tupido silencio que ha seguido en Madrid a la revelación pública de estos documentos de la CIA solo lo ha roto la iniciativa de EH Bildu en las Cortes. Las peticiones de comparecencias (Felipe González, Fernando Grande-Marlaska) y comisiones de investigación (Congreso y Senado) obligaron a tomar posición ayer a la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Adriana Lastra, quien prolongó el histórico respaldo férreo del partido al que fue su secretario general de 1979 a 1997.

«Es el presidente que transformó este país y que hizo que entrara en la UE. Tiene todo el respaldo del PSOE y por supuesto de esta portavoz», respondió Lastra, preguntada por González. A lo que añadió una afirmación incierta: «No somos de revisar cosas que ya están juzgadas y sentenciadas». La realidad es que apenas ha habido juicios por los atentados de los GAL, salvo excepciones como el secuestro y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala o la captura de Segundo Marey. Y Felipe González nunca ha sido sentado en el banquillo por ello; cuando el juez Baltasar Garzón decidió recrear el organigrama de esa trama, en la cúpula optó por poner una X.

El socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, parece optar por ponerse de perfil. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, apuntó que aún no se decantan sobre las iniciativas de EH Bildu porque tienen que analizar mejor unos documentos que «aparentemente no aportan nada nuevo» y que dijo que pueden basarse en «recortes de prensa», algo que en ningún momento se aprecia en el informe de enero de 1984.

En cuanto al grupo proponente, en rueda de prensa Mertxe Aizpurua consideró que esta «es una oportunidad para que Felipe González dé la cara y asuma responsabilidades» y que al mismo tiempo da opción al Gobierno de coalición de «demostrar transparencia. La ciudadanía no entendería otra cosa». También en el Congreso, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aseguró que apoyarán las iniciativas de EH Bildu si logran pasar el filtro previo de la Mesa.R.S.