La pobreza es una realidad persistente en nuestro país y las últimas estadísticas, que recogen los datos del año pasado, así lo certifican. Antes de que la pandemia agitara con fuerza nuestro modo de vida, ya crecía el número de personas que vivía en la pobreza. Es bastante ilustrativo que uno de cada cinco hogares no pudiera hacer ni siquiera una semana de vacaciones el año pasado. El debate público nunca llega ahí. Por otra parte, los datos referidos a la pobreza infantil son incluso peores. Save the Children denuncia que está creciendo la pobreza en los hogares con dos progenitores, mientras que en el caso de las familias monoparentales ya son más de la mitad –el 55%– las que se encuentran en una situación de pobreza. Son cifras intolerables para cualquier país, pero todavía son más alarmantes cuando se contraponen al machacón discurso oficial sobre el oasis vasco.

Está por cuantificar el efecto que está teniendo la pandemia en la pobreza, pero no es difícil adivinar que está siendo severo. Y ello a pesar de todas las medidas que se han tomado para paliar las consecuencias del cierre de la actividad económica. La razón es que el problema viene de atrás, de que a menudo el salario recibido en muchos trabajos no resulta suficiente para llevar una vida digna. Una penuria que se agudiza cuando esas familias tienen hijos e hijas y que se refleja en el aumento de la pobreza no solo en las familias monoparentales, sino también en aquellas en los que los progenitores son dos. Es una situación que fue propiciada por la reforma laboral de Rajoy, y cuya supresión es si cabe más urgente cada día que pasa.

El aumento de la pobreza es el reflejo de un fracaso del modelo socioeconómico, incapaz de asegurar a las personas una vida digna. La penuria resulta todavía más terrible en el caso de la gente menuda, ya que les impide tener una infancia libre de estrecheces. En casi todas las instituciones la legislatura acaba de comenzar, y terminar con la pobreza debería ser el reto común de todas ellas.