Una semana y media después de que los presos del procés disfrutaran de sus primeros permisos y abrazaran en libertad a sus amigos y familiares, horas después de que la Fiscalía recurriera su concesión, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidió suspender el tercer grado al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, a los exconsellers Joaquím Forn y Raül Romeva y al líder de ERC, Oriol Junqueras. Previsiblemente, a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de exconsellers se les aplicará la misma medida, que es un recordatorio de que la represión y la judicialización de la política no descansan, ni siquiera con un Gobierno que Pedro Sánchez definió como el «más progresista de la historia».

Así las cosas, volverán a prisión en régimen ordinario de segundo grado, sin posibilidad de acogerse a los permisos para salir porque esta posibilidad también está recurrida y, según el criterio del Tribunal Supremo, cuenta con efectos suspensivos. El fallo es aberrante, pero no una sorpresa. Y es que la judicatura española tiene en sus manos las vidas de los representantes que ha votado el pueblo catalán, así como las de los integrantes de la cadena administrativa. Una votación inoportuna, una mala firma, una interpretación legal discordante puede conllevar la cárcel, la ruina económica, la muerte social y profesional.

En Catalunya más de mil personas tienen sus vidas pendiendo de un hilo por culpa de ese sistema judicial injertado hasta la raíz del autoritarismo franquista. Los independentistas ganan elecciones sin parar, pero la judicatura patriótica española se atribuye el poder absoluto sobre la democracia catalana. Está a punto de dejarles sin president. El poder judicial español es un nido de rencor, lleno de personajes de la derecha más extrema. No solo es una amenaza contra la democracia, es una amenaza real y concreta contra cada independentista, sea catalán o vasco.