La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional ideada en el acuerdo de paz de Colombia, ha dictado medidas cautelares para proteger a los exguerrilleros de las FARC ordenando al Gobierno del país que tome acciones para «garantizar su vida y su seguridad», después de que mas de 200 excombatientes hayan muerto en ataques en los últimos años.

«La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los excombatientes de las extintas FARC que están sometidos a la jurisdicción», informó este organismo, que ha constatado que, «pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales: más de 200 comparecientes han sido asesinados».

En concreto, subraya «la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia».

Así, ha ordenado al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección acciones que garanticen la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil. Al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le urgió a «realizar las gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político FARC» y a presentar las líneas generales del plan para desmantelar «las organizaciones criminales culpables de los asesinatos».

Al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le ha encargado «convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo», así como la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. En cuanto a la Unidad Nacional de Protección, la JEP le ha exhortado a impulsar «la adopción e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección», implementar «las medidas de protección pendientes» y «realizar estudios de riesgo para los comparecientes que lo solicitan».

«La seguridad individual y colectiva de quienes participaron en el proceso de paz resulta fundamental en términos de garantía de no repetición y salvaguarda de los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno», destacó la JEP.

La JEP es la justicia transicional diseñada en el acuerdo de paz, que contempla sanciones alternativas y penas de cárcel menores para quienes confiesen los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Sandino afirma que en las FARC las violaciones se pagaban con la vida

La exguerrillera y hoy senadora Victoria Sandino reconoció que en las FARC se produjeron abusos sexuales. «No conozco a profundidad los hechos, pero estoy segura de que se presentaron porque estábamos en el marco del conflicto y tenían armas y eran hombres machistas», indicó. No obstante, lo achacó al contexto social más que a la guerrilla, cuyo reglamento era muy estricto: «Los casos de violaciones a mujeres, generalmente, se sancionaban con la muerte».GARA