Isidro Esnaola
FINANCIACIÓN MUNICIPAL TRAS LA PANDEMIA

Un largo y tortuoso camino para que los ayuntamientos puedan gastar sus ahorros

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para liberar los fondos que han obligado a ahorrar a las entidades locales resume perfectamente el carácter autoritario del Estado. La extraña maniobra tiene como único fin no modificar una ley que estrangula las cuentas de los ayuntamientos.

La semana comenzaba en el Estado español con la huida del rey emérito, una noticia de envergadura que dejaba en segundo plano otra que a primera vista resulta también sorprendente. El Ministerio de Hacienda y la FEMP firmaban un acuerdo por el que los ayuntamientos que así lo decidan podrán prestar dinero al Gobierno español, que se lo devolverá posteriormente según el siguiente esquema: un 35% entre este año y el que viene (40% en 2020 y 60% en 2021) y el resto a partir de 2022 durante diez años, intereses incluidos.

Un acuerdo muy extraño: ¿los ayuntamientos prestan al Gobierno del Estado para que se lo devuelva a plazos? La razón de este enrevesado esquema está en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que elaboró el equipo de Cristobal Montoro. Siguiendo las directrices europeas de recortar el gasto público, la citada norma instauró una disciplina presupuestaria sui generis más propia de un cuartel militar que de la Administración Pública española.

La regla del gasto. La ley Montoro establecía una serie de normas para controlar el gasto, algo que siempre es mucho más previsible que los ingresos; no hay más que ver lo que ha ocurrido este año con la recaudación a causa de la pandemia: todas las previsiones han fallado estrepitosamente. Para no pillarse los dedos, el Ministerio de Hacienda pasaba a examinar estrictamente todas las cuentas públicas de todas las administraciones subordinadas. Y para controlar el gasto lo que hacía era establecer una serie de requisitos que impedían que los ayuntamientos pudieran gastar cualquier tipo de remanente o de superávit que pudieran tener en sus cuentas.

A causa de estas restricciones de la famosa regla de gasto, las corporaciones locales de todo el Estado han conseguido ahorrar durante estos años de crisis y penuria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que en conjunto tendrán más de 25.000 millones de euros ahorrados. Además, anualmente siguen economizando unos 5.000 millones, esto es aproximadamente el 0,4% del PIB. Y esta es precisamente una de las razones de esa draconiana regla de gasto. El 0,4% del PIB es una cantidad importante, sobre todo cuando Bruselas aprieta para que se cumpla el límite de déficit. En los cálculos de la UE se consideran a todas las administraciones públicas en su conjunto, de modo que si los ayuntamientos ahorran un 0,4% del PIB anualmente, el Estado tendrá cuatro décimas más para gastar.

Lo que hace la norma de Montoro es obligar a unas administraciones a ahorrar para que el Gobierno central pueda gastar más. En unos momentos en los que más necesidades sociales había tras el estallido de la crisis global de 2008, los ayuntamientos han estado atados de pies y manos para poder invertir más y atender a la gente.

Todo en el Estado español se hace siguiendo el mismo criterio: quitar a los más pobres –los ayuntamientos– para dárselo a los poderosos –el Gobierno–.

Sinsentido económico. Aparte del impacto social, desde el punto de vista económico es una ley que no tiene ni pies ni cabeza. En primer lugar, obliga a ahorrar a los ayuntamientos en un momento de crisis, es decir, cuando deberían gastar más para estimular la economía. Es, por tanto, una medida procíclica que ahonda en la crisis

Por otro lado, desvincula los ingresos y los gastos, rompiendo uno de los principios sobre los que se construyen los presupuestos públicos. Poco importa lo que se recaude; los límites del gasto se fijan a partir de otros parámetros que poco o nada tiene que ver con el ingreso. Un criterio carente de base desde el punto de vista económico.

Pero lo más relevante es que la regla de gasto se aplica de forma diferente al resto de Europa. Son varias las diferencias pero, quizás, la más llamativa sea que en la UE se aplica al conjunto de las administraciones públicas y no, como en el Estado español, a cada una de ellas por separado. De ese modo, todas las administraciones públicas cuentan con cierto margen en función de su saldo presupuestario. Además, los cálculos sobre inversiones se hacen como promedio de cuatro años, lo que permite un mayor margen a todas las instituciones para poder modificar su gasto.

Repercusiones en Euskal Herria. El diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Javier Larrañaga, mandó una carta a todos los ayuntamientos en la que, además de explicar el contenido del acuerdo, les aconseja que no tomen ninguna decisión hasta que se reúna la Comisión Mixta del Concierto Económico en setiembre, por si de ella saliera alguna especificidad.

Tal y como recuerda el diputado en su misiva, para los ayuntamientos vascos la situación es un poco diferente. Cuando estaba gobernada por Bildu, la Diputación de Gipuzkoa impulsó la aprobación de la norma foral 1/2013 que flexibilizaba la aplicación de la legislación estatal. Esa norma sirvió de inspiración a otras que se aprobaron en el resto de territorios vascos, con lo que los ayuntamientos de Hego Euskal Herria han tenido más margen que los del Estado para invertir esos remanentes.

Más margen sí pero, a pesar de lo que digan los diputados generales, continúan sometidos a la normativa estatal.

En cualquier caso, el acuerdo del lunes por el que los ayuntamientos prestan al Gobierno español para que después se lo vaya devolviendo en cómodos plazos es un sinsentido. La única explicación que tiene todo ese recorrido es que sirve para puentear la regla de gasto y que las entidades locales puedan invertir sus remanentes sin modificar la terrible ley 2/2012 de Montoro. El Gobierno afloja las cuerdas, pero el corsé se queda donde está. La dependencia y las relaciones de subordinación se mantienen en toda su extensión.

Así las cosas, es poco probable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga intención de permitir a los ayuntamientos vascos una mayor capacidad de endeudamiento, tal y como acordaron en el Congreso el pasado mes de mayo PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu.