Hay verdades inconvenientes, como decir que en la Transición se cometieron delitos de lesa humanidad. Declara Martín Villa, exministro del Interior, en su comparecencia ante la jueza María Servini que, el 3 de marzo de 1976, «hubo graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas […] pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así». Menudo galimatías probatorio. ¿Acataron sus órdenes –por imperativo categórico, como Eichmann–, o las desobedecieron?

La carta de apoyo de cuatro expresidentes (González, Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy) es un acto de omertà que pretende legitimar el silencio institucionalizado por las élites surgidas del franquismo. La idea a preservar es que la única gobernabilidad posible es el olvido y el perdón. Como dijo Mario Benedetti, el olvido «es un barniz». ¿Acaso puede haber Transición sin justicia transicional ni comisiones de la verdad?

La querella argentina contra los crímenes del franquismo es el intersticio por el que se asoma la posibilidad de exhumar nuestro pasado y juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad. No hay estuco capaz de enlucir un pasado edificado sobre fosas comunes y puntos finales.