La grave crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la CAV por la pandemia del covid y que, según los partidos de la coalición de Gobierno, obliga a tomar medidas urgentes para la «reconstrucción de Euskadi» no parece necesitar la adopción de cambios legales rápidos. El Pacto PNV-PSE recoge una relación inicial de proyectos y proposiciones de ley y no hay ninguna nueva. Se dan un plazo de tres meses desde ahora para poder incrementar el listado, cuando aún han cumplido el anterior.

Nueve de los 28 proyectos, fueron ya aprobados en su momento por el Consejo de Gobierno y se habían remitido al Parlamento, donde decayeron al ser disuelta la Cámara por el lehendakari el 11 de febrero.

Otros 17 de esos proyectos, que se habían prometido presentar en la pasada legislatura, estaban todavía en trámite dentro del propio Ejecutivo. Entre ellos, dos de indudable importancia en estos momentos como son la Ley de Educación y la Ley de Salud Pública. No es que la oposición hubiera impedido su tramitación, sino que ni siquiera habían llegado al Parlamento. Nunca salieron del propio Consejo de Gobierno.

Hay otros dos proyectos de ley, que son el de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias y la Ley de Aportaciones, cuya tramitación, según los últimos informes oficiales, están todavía «sin iniciar».

La Ley de Aportaciones es «la gran reforma institucional pendiente en la CAV» y determina la cantidad de dinero que aporta cada territorio histórico a las arcas comunes del Ejecutivo de Lakua. Está prorrogada desde 2011 por la falta de acuerdo entre las diputaciones, todas ellas gobernadas por PNV y PSE.

El Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu en la pasada legislatura fue el que menos proyectos de ley aprobó habiendo completado prácticamente toda la legislatura, y la actual parece ser una prórroga de aquella.

Las pioneras de Emakunde piden a Urkullu que reconsidere sacar el Instituto de Lehendakaritza

Txaro Arteaga e Itziar Fernández, primeras directora y secretaria general de Emakunde allá cuando se puso en marcha en 1988, han firmado un comunicado pidiendo a Iñigo Urkullu que reconsidere su decisión de sacar el Instituto de Lehendakaritza. Empiezan recordando que, hace 32 años, su «seña de identidad era ser un organismo autónomo adscrito a Lehendakaritza» y sostienen que «Emakunde, y también nuestro país, tienen que seguir siendo un referente en las políticas feministas».

Se dicen sorprendidas por que una «herramienta imprescindible» así no esté inscrita «en el lugar institucional desde el que se proyectan los objetivos de país»

Otra exdirectora y ex secretaria general como María Silvestre y Arantxa Elizondo (2009-2012) también han mostrado públicamente su descontento.I. I.