Celsa Group ha formalizado una solicitud de ayuda al fondo de rescate para empresas estratégicas articulado por el Gobierno español, al que podría pedir 200 millones de euros para superar el bache provocado en su negocio por el covid-19 y garantizar su viabilidad futura, según informaron ayer fuentes empresariales a la agencia Europa Press.

El grupo de matriz catalana da empleo a casi 10.000 personas de forma directa y a cerca de 23.000 indirectamente, con 120 centros de trabajo distribuidos por el mundo. Es una de las corporaciones europeas líderes en productos largos de acero.

En Euskal Herria tiene dos acerías: la de Nervacero, en Trapagaran, y la de Celsa France, en terrenos de Bokale dentro del Puerto de Baiona. A ellas se suman las instalaciones de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) en Gasteiz y Urbina.

En conjunto, factura 4.253 millones anuales (datos del ejercicio 2018), produce 7 millones de toneladas al año y recicla otros 8 millones de toneladas. Las inversiones realizadas por la compañía en los últimos 15 años suman los 2.682 millones.

«Empresas estratégicas»

Junto al grupo industrial asturiano Duro Felguera (100 millones de euros) y la aerolínea Air Europa (400 millones), Celsa sería una de las tres compañías que hasta el momento han formalizado su petición de ayuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding público encargado de la gestión del fondo de rescate.

No obstante, la compañía matizó esta información en un breve comunicado en el que señaló que está analizando «detenidamente» las condiciones ofrecidas por «el consejo gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas» y, por tanto, sigue estudiando «si procede acogerse a la ayuda pública temporal que ofrece el Gobierno a las compañías que (...) necesiten financiación adicional de forma transitoria».

Como ha dictado la Comisión Europea, el propósito del Estado español será el de recuperar esas ayudas tan pronto como sea posible, así como salir del capital de la empresa “rescatada” una vez su situación la haga nuevamente viable, ya que se trata de una medida que atenta contra la libre competencia, aunque el contexto de la pandemia justifica su temporalidad.

En un principio, siempre y cuando lo soliciten, las compañías en riesgo de cesar su actividad o de entrar en concurso de acreedores y disolución como consecuencia del coronavirus recibirán un préstamo participativo, aunque, en el caso de que su situación patrimonial esté fuertemente deteriorada, las ayudas se podrían traducir en la entrada del Estado en el capital.

El beneficiario –en su caso, Celsa– debe tener en todo momento la posibilidad de recomprar la participación en el capital que el Estado haya adquirido. Para garantizar que éste recibe una remuneración adecuada por la inversión realizada, el precio de recompra deberá ser el que marque el mercado o, si este es menor a la remuneración inicial, tendrá una penalización del 2% anual.

La mitad de las startups del Estado francés ha pasado por un ERTE

Las empresas emergentes del Estado francés no han podido escapar a la epidemia de coronavirus y sus consecuencias económicas, como lo refleja el hecho de que han utilizado de forma masiva los dispositivos de ayudas estatales, según consta en un estudio publicado ayer en el marco del evento France Digitale.

«En este contexto excepcional, las startups han aprovechado ampliamente las medidas propuestas por el Gobierno», indicó el gabinete EY al presentar su barómetro anual sobre la evolución de las compañías emergentes digitales. El 52% de las empresas encuestadas implementó medidas de paro parcial (mecanismo similar al de los ERTE en el Estado español) durante el confinamiento y el 83% se ha beneficiado de un préstamo garantizado por el Estado (PGE). Además, el 30% señaló que ha tenido que superar dificultades financieras.

En cuanto al futuro cercano, una de cada cuatro no espera crecer en 2020, cuando antes de la crisis sanitaria solo era una de cada veinte, y un 61% va a reconsiderar sus proyectos de nuevas contrataciones en los próximos meses.

El panorama era muy distinto a principios de año: la facturación (un tercio de la cual se realizaba en el extranjero) de las startups encuestadas había aumentado un 23% en 2019, las plantillas habían aumentado un 28% durante ese período y las dificultades de contratación eran el principal obstáculo para su desarrollo. GARA