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La reforma de la PAC avanza sin consenso sobre su carácter «verde»

El «verde», como sinónimo de progreso ecológico o defensa del medio ambiente, está de moda incluso al más alto nivel institucional dentro de la Unión Europea. Por eso, no extraña que se quiera pintar de ese color la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2013. Pero parece que, en este caso, no es verde todo lo que reluce.

Paso previo a la decisiva etapa que se abrirá con las negociaciones a tres bandas, los gobiernos de la UE alcanzaron el miércoles un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común que viene marcado por unas normas medioambientales más restrictivas. «Hemos llegado a un acuerdo crucial», con un «buen equilibrio» que responde a «las aspiraciones de una PAC más verde, más justa y simplificada», declaró la ministra alemana de Agricultura, Julia Klöckner (CDU), después del encuentro de Luxemburgo, que se prolongó durante dos días y una noche.

No son de la misma opinión las ONG mediambientalistas, que lo juzgan insuficiente.

Las directrices adoptadas por los Estados miembros tendrán que se debatidas ahora con el Parlamento Europeo, que esta misma semana ha votado sus propias propuestas, líneas rojas con las que intentan asegurar que las ayudas lleguen a quienes realmente desarrollan una actividad del sector primario, y no a los “agricultores de sofá”.

El Consejo, la Comisión y la Eurocámara tendrán que decidir a principios de 2021 las normas que se aplicarán a partir de enero de 2023. El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, describió el acuerdo de los ministros como «un buen punto de partida» para esas negociaciones. Con un cálculo ya establecido en cerca de 387.000 millones de euros para siete años, la PAC es la partida presupuestaria más importante de la Unión.

Fase de aprendizaje

Según se recoge en el texto consensuado por los ministros, que fue adoptado por mayoría cualificada, todos los agricultores deberán respetar normas ambientales mucho más estrictas que las actuales para recibir las ayudas financieras comunitarias. De aprobarse estas directrices, las pequeñas explotaciones estarían sujetas a controles simplificados «que reducirían la carga administrativa, al tiempo que garantizarían su contribución a los objetivos medioambientales y climáticos».

Los «ecoesquemas», un sistema de bonificaciones que se destina a los agricultores para apoyar su participación en programas medioambientales más exigentes, serían obligatorios: cada Estado tendrá que dedicar a ellos al menos el 20% de los pagos directos de la UE. El objetivo es que las explotaciones agroganaderas reciban fondos adicionales si van más allá de los estándares básicos.

Este punto ha sido objeto de importantes fricciones, ya que muchos Estados del Este temen perder fondos comunitarios si el número de agricultores que participa en esos programas medioambientales resulta insuficiente. Para convencerles, se ha previsto abrir una «fase de aprendizaje» de dos años.

Los programas ambientales concernidos por los ecoesquemas «incluyen prácticas como la agricultura de alta precisión, la agrosilvicultura, la agricultura orgánica, pero los Estados serán libres de designar sus propios instrumentos de acuerdo a sus necesidades», precisó el Consejo de Agricultura y Pesca.

Casi al mismo tiempo, los eurodiputados aprobaron el martes por la noche varias enmiendas clave a la PAC, resultado de un compromiso entre los tres mayores grupos del Parlamento: PPE (derecha), Renew (liberales) y S&D (socialdemócratas).

Este compromiso propone, en particular, dedicar a los sistemas ecológicos «al menos» el 30% de la ayuda directa a los agricultores o aumentar la dotación para la ayuda adicional a las pequeñas explotaciones.

ENBA incide en el ecoesquema de montaña

Tras conocerse el acuerdo alcanzado a nivel de ministros sobre la reforma de la PAC, ENBA reclamó «que Euskadi cuente con su propio Plan Estratégico Vasco y con su correspondiente ficha financiera para así potenciar un modelo de agricultura de montaña, a los agricultores profesionales, y un modelo de agricultura familiar asentado en el territorio». Por ello, no comparte la postura del Ministerio español de Agricultura de diseñar un único plan para todo el Estado. El sindicato agroganadero advirtió de que la nueva PAC podría suponer una «notable bajada para los ganaderos» en el caso de que, cuando se apruebe el plan estratégico, no se incluya la conservación de pastos de montaña «como ecoesquema que potenciar».

Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nafarroa, Itziar Gómez, aseguró el jueves que la negociación sobre la PAC que está desarrollando con el Ministerio de Agricultura reforzará «el modelo de explotación agraria familiar». GARA