La oposición bielorrusa convocó ayer una huelga nacional para reclamar la dimisión del presidente, Alexandr Lukashenko, una vez expirado el ultimátum que había fijado la dirigente opositora en el exilio, Svetlana Tijanovskaya.

La jornada arrancó con protestas de estudiantes y trabajadores, según el portal Tut.by.

El Gobierno aseguró que la actividad industrial proseguía sin incidentes y que las clases universitarias se desarrollaban de forma rutinaria. La oposición denunció varias detenciones en las primeras horas.

El pasado día 13, la que fuera la principal rival de Lukashenko en las elecciones del 9 de agosto dio 12 días al mandatario para que presente su dimisión, libere a todos los presos políticos y ponga fin a la represión policial.

La huelga nacional arrancó un día después de que la oposición volviera a demostrar por enésimo domingo consecutivo capacidad de sacar a la calle a decenas de miles de personas –más de 100.000, según su propio recuento–.

No obstante, lo de convocar una huelga, sobre todo en las empresas públicas, es otro cantar. Y no solo porque son un bastión del régimen, sino por las dificultades objetivas de que los funcionarios y empleados públicos de las grandes fábricas estatales que lo deseen se sumen a una huelga contra el Ejecutivo.

Tijanovskaya dio las gracias a quienes «hoy están arriesgando su libertad personal para que pueda llegar la libertad el país» y llamó a un paro entre los funcionarios. Y es que, como reconoció, «al fin y al cabo, las huelgas en las empresas públicas son la palanca de la presión económica» que aspiran a imprimir contra el Gobierno.

La oposición reclama la dimisión del presidente y la liberación de todos los detenidos en la ola de protestas, que el domingo, «Día del ultimátum del pueblo», volvió a vivir un nuevo episodio con decenas de miles de personas manifestándose en las calles de la capital, Minsk, y de otras ciudades del país como Grodno, Brest, Lida, Gomel, Vítebsk, Polotsk o Novopolotsk. La Policía intervino para dispersar esas marchas.

Según el Ministerio del Interior, más de 500 personas fueron arrestadas durante las marchas. Los detenidos están acusados de «violar la ley relativa a los eventos públicos», y la mayoría –más de 350–estaban ayer a la espera de comparecer ante el juez.

Recientemente, Lukashenko se reunió en el centro de detención del KGB con algunos dirigentes opositores para abordar la reforma constitucional. Varios fueron liberados y puestos bajo arresto domiciliario.

Uno de ellos, el analista político Yuri Voskresenski, aseguró a Tut.by que Lukashenko les habría dado «su palabra de que este iba a ser su último mandato» en la Presidencia.