El informe elaborado por el Monitoreo de Riesgos de Seguridad de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viene a certificar el aumento de las acciones violentas y amenazas contra líderes sociales, exguerrilleros y población civil, sobre todo en zonas rurales afectadas por el accionar de grupos sucesores del paramilitarismo.

Tras analizar el periodo comprendido entre el 1 y el 24 de enero, subraya que desde la firma de los acuerdos de La Habana entre el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP no había habido un inicio de año tan violento «en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales».

La JEP ha registrado seis masacres, cinco muertes por arma de fuego de exguerrilleros de las FARC-EP que firmaron los acuerdos de La Habana y estaban en proceso de reincorporación, 14 homicidios de líderes sociales –uno cada 41 horas–, 13 amenazas de muertes contra ellos, el secuestro de dos líderes sociales que fueron liberados a los días, 14 enfrentamientos armados entre diversas estructuras y la Fuerza Pública y 7 enfrentamientos entre grupos armados.

Respecto al «patrón de asesinatos» de excombatientes de las FARC-EP, considera que «la presencia de un tipo de estructura ilegal no explica per se la ocurrencia de homicidios de desmovilizados. De hecho, en municipios donde sucedieron estos hechos se registra presencia y actividad de diferentes tipos de disidencias y grupos sucesores del paramilitarismo».

El informe denuncia también que «cada cuatro días se perpetró una masacre, lo que revela la alta frecuencia de este fenómeno a inicios de 2021. Esta modalidad de violencia letal que genera zozobra en la población civil dejó 18 víctimas, entre ellas dos menores de edad».

A consecuencia de estas masacres, 57 familias y 200 personas se han visto desplazadas forzosamente y 80 familias están confinadas en Tibú desde el 28 de diciembre de 2020 por los combates entre el ELN, los Rastrojos y el Ejército colombiano.

Este lunes, decenas de personas acudieron a los velatorios de los cinco estudiantes, tres hombres y dos mujeres, de entre 17 y 18 años, que fueron atacados mortalmente el fin de semana mientras estaban en una finca en la localidad de Buga, en el suroeste del país. Cuatro de ellos murieron en el acto, mientras que el quinto fue trasladado a un centro médico donde murió el domingo por la tarde. Los atacantes también hirieron al mayordomo de la finca y a otro menor de 17 años. Los cinco eran amigos de la infancia y estaban en la finca de uno de ellos. «Es la sexta masacre y aún no acabó el primer mes (de 2021)», denunció el presidente de Indepaz, Camilo González Posso, quien recordó que el propio Consejo de la ONU ha pedido al Gobierno uribista de Iván Duque que tome medidas.

En el Parlamento Europeo

Ayer, el magistrado y presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, compartieron vía telemática con la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo los logros, avances y proyecciones para 2021. «Necesitamos pensar en una perspectiva de paz grande para que tantas personas que han pensado en que esto puede ser posible no encuentren que su esperanza fue frustrada», concluyó De Roux.

Precisamente, el genocidio contra partidos y pueblos originarios, los crímenes contra la paz y la impunidad centran la sesión que el martes inauguró el Tribunal Permanente de los Pueblos. La abogada Adriana Arboleda (Corporación Jurídica Libertad) alertó de que «asistimos a un nuevo ciclo de violencia».