Michelle Bachelet ha acusado a Sri Lanka de incumplir sus promesas de justicia para las víctimas civiles de la guerra contra los tamiles y ha pedido una investigación internacional y sanciones contra los responsables de crímenes de guerra.

En su informe sobre la guerra en Sri Lanka, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicita una investigación por parte de la Corte Penal Internacional y sanciones contra todos los responsables de crímenes de guerra, tanto rebeldes como del Ejército.

Acusa a Colombo de incumplir las promesas de garantizar justicia para los miles de civiles muertos en los últimos meses de aquella guerra que en 37 años causó más de 100.000 víctimas mortales y más de 23.000 desaparecidos –que hace un año el Gobierno admitió que están muertos–. Según defensores de derechos humanos, solo la brutal ofensiva final que terminó en mayo de 2009 con un baño de sangre y la derrota de los Tigres para la Liberación de Ealam Tamil (LTTE) dejó 40.000 civiles tamiles muertos.

«Las iniciativas nacionales para la rendición de cuentas y la reconciliación han fracasado, profundizando la impunidad y exacerbando la desconfianza de las víctimas en el sistema», sostiene Bachelet en el informe.

El Gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa ha revertido, además, ciertos avances realizados por gabinetes anteriores en el área de protección de los derechos humanos, añade. Gotabaya Rajapaksa fue el ministro de Defensa que comandó al Ejército que aplastó la rebelión tamil en 2009. Su hermano Mahinda, actual primer ministro, era entonces el jefe del Estado.

La persecución de activistas de derechos humanos y de disidentes ha aumentado y se ha desarrollado un clima de autocensura, agrega el documento.

Rajapaksa ganó las elecciones presidenciales de 2019 con la promesa de que los militares que derrotaron a los Tigres Tamiles no serían procesados.

Las tropas de Sri Lanka han sido acusadas, en varios informes de la ONU, de llevar a cabo bombardeos indiscriminados, atacar hospitales, ejecutar a rebeldes rendidos y ser responsables de la desaparición de miles de civiles.

El presidente, que según este organismo de la ONU ha socavado investigaciones policiales anteriores desde su regreso al poder y posiblemente ha contribui- do a la destrucción de pruebas, amenazó el año pasado con dejar el Consejo de DDHH si mantiene sus cargos contra los militares.

Sri Lanka, al no haberse unido a la CPI, está fuera de su jurisdicción, pero la ONU tiene potestad para llevarle ante ese tribunal.

Colombo siempre se ha resistido a las peticiones de una investigación independiente.